Unos 300 agricultores desplazados principalmente de las zonas regadas por el Tajo-Segura, como el Baix Vinalopó, la Vega Baja y la Región de Murcia, se han dado cita esta mañana en la Plaza de la Montañeta de Alicante, frente a la Subdelegación del Gobierno, para mostrar su rechazo ante la inminente aprobación de la modificación de las reglas de explotación del Trasvase y el aumento de los caudales ecológicos del Tajo que planean el Gobierno de España y el Ministerio para la Transición Ecológica, lo que supondría la inutilización irreversible del acueducto.
Durante dos horas los manifestantes han vitoreado consignas como 'No al recorte del trasvase Tajo-Segura', 'Sin agua en el Levante, desierto y paro', 'Sin agua se acaba la agricultura de Alicante', 'Defendamos la huerta de Europa' o 'Ximo Puig, da la cara por el trasvase'.
Y es que, a pesar de que la protesta ha sido secundada por representantes de todo signo político, como el alcalde de Elche, Carlos González; el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón; el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana; la alcaldesa de Almoradí, María Gómez; el alcalde de Dolores, José Joaquín Hernández; así como representantes de la Universidad de Alicante, de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana en Alicante (CEV) y de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL), no ha contado con la solicitada presencia de la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, ni del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, al que el sector había solicitado expresamente su asistencia para que se visualizara su apoyo explícito a los agricultores y regantes afectados.
"Estamos en un momento crucial en el que hay que dejarse de ideologías e intereses políticos y estar en defender algo en lo nos van tantos puestos de trabajo y afecta directamente a la forma de vida del Levante", recalcó el presidente de Asaja Alicante, Eladio Aniorte.
A su juicio, "el problema del agua en Alicante no es sectorial ni ambiental, es un problema político y territorial y, por eso mismo, la presencia del Ximo Puig en este tipo de movilizaciones es crucial y, ante todo debe primar el de defender los intereses de Alicante por encima de todo".
El punto y final a esta concentración lo han puesto representantes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y del Círculo por el Agua del Levante, quienes han mantenido una reunión con la subdelegada del Gobierno en Alicante, María Araceli Poblador.
Durante el encuentro, han pedido a Poblador que traslade al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "la irresponsabilidad política que suponen las acciones que ha planteado para el Tajo-Segura el Ministerio para la Transición Ecológica y las consecuencias económicas, sociales y ambientales que tendrán a muy corto plazo", según explicaron fuentes de Asaja Alicante.
Esta protesta supone el pistoletazo de salida a una cascada de actos y movilizaciones que van a tener lugar durante los meses de abril y mayo por todo el Levante y la ciudad de Madrid y que están siendo organizados por el Círculo por el Agua, compuesto por el Foro Pro Agua de Alicante y las mesas del Agua de Murcia y Almería.
MARCHA EN COCHE EN MADRID
Así, la próxima cita tendrá lugar el próximo 3 de mayo en la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia. Posteriormente, el 15 de mayo se están organizando concentraciones o marchas simultáneas en varios municipios y pueblos de la provincia de Alicante y Murcia y, hacia mediados de mayo (fecha por determinar), la oleada de movilizaciones culminará con una gran marcha en coche en la ciudad de Madrid.
"El Sureste español, compuesto por las provincias de Alicante, Murcia y Almería, está unido y hoy ha demostrado que es un bloque indisoluble que hará lo que haga falta para evitar la injusticia que se quiere cometer con nosotros. España y Europa tienen derecho a conocer lo que está haciendo este Gobierno con el agua", subrayó Aniorte.
En este sentido, defendió que "no se puede regionalizar un recurso básico para la vida y que no es de la propiedad ni de los territorios, ni de las comunidades autónomas, ni de sus presidentes, ni de las confederaciones hidrográficas, sino que es un recurso esencial que se debe gestionar de forma eficiente, respetuosa con el medio ambiente y únicamente atendiendo a criterios técnicos y de interés general".
