El Gobierno tiene preparadas medidas emergencia si se agrava la sequía, para garantizar el suministro humano a la población y minimizar restricciones en otras actividades económicas, según ha declarado la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, quien ha recalcado que al llegar al "quinto año" de sequía es muy difícil mantener las garantías de regadíos sin afectar a la población.
La ministra ha señalado, en los pasillos del Congreso, que existe un seguimiento "permanente" y se han "identificado actuaciones" posibles ante la prolongación de la sequía -que dura cinco años en el Levante-, su extensión a todo el territorio nacional y el descenso de agua en los embalses.
Ha explicado que se ha reunido con las confederaciones hidrográficas esta semana, con las que trabaja teniendo en cuenta "todos los escenarios, incluso los más dramáticos", analizando el peor supuesto cada mes de la serie histórica y vigilando la situación para salvaguardar el suministro humano de agua.
En ese sentido, se han previsto obras de emergencia y la "movilización de recursos adicionales" para que no suceda lo que ocurrió el pasado verano en Roma o en España otras veces y no se vea afectado el abastecimiento de agua a los ciudadanos, informa Efeagro. No obstante, el Gobierno hará todo lo que "legalmente y físicamente sea posible para llegar a cubrir el máximo posible necesidades", según Tejerina, quien ha pedido a los ciudadanos que ahorren y hagan un uso responsable del agua.
La ministra ha asegurado que para paliar el impacto de la sequía en el campo se han tomado muchas medidas, como el anticipo de los pagos de la Política Agrícola Común (PAC), una dotación de 200 millones de euros para avales que faciliten la financiación de las explotaciones o exenciones a tarifas para regantes.
Precisamente, Isabel García Tejerina, ha presidido una reunión de coordinación entre las diferentes Confederaciones Hidrográficas (CC.HH.) y los responsables del Mapama. La reunión ha servido para realizar un balance de todas las medidas adoptadas desde 2015, cuando se decretó la situación de sequía en las cuencas del Júcar y del Segura; para valorar la aplicación de los planes de sequía en todas las cuencas; y analizar las respuestas a los escenarios posibles, que permitan atender, en todos ellos, el abastecimiento a la población.
Al encuentro han asistido los presidentes de todas las CC.HH. dependientes del Mapama, así como el de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Por parte del Ministerio, han estado presentes, además de la Ministra, la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García; y la Directora General del Agua, Liana Ardiles.
La reunión se ha producido tras un mes de octubre, inicio de año hidrológico, en el que las precipitaciones acumuladas han sido de 25,6 mm, lo que representa un 66,3"con la máxima transparencia y una planificación realista, los usuarios podrán tomar las decisiones más adecuadas", apuntaron desde el Mapama.
Además, se ha destacado la importancia de una colaboración estrecha con las administraciones autonómicas y locales, para que las que tengan competencias en el abastecimiento elaboren los planes de emergencia y adecúen los ya existentes al contexto actual de sequía. Fuentes ministeriales indicaron que se trata, en definitiva, de "asegurar la coherencia en la definición de las medidas de prevención y gestión de sequías, que corresponden a las distintas administraciones públicas".
