El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, del PP, ha anunciado la puesta en marcha de la maquinaria jurídica para recurrir la decisión del Consejo de Ministros que recorta los aportes del Tajo-Segura, y ha anticipado un "otoño caliente" en la defensa del trasvase.
Según un comunicado de la Diputación alicantina, el presidente ha calificado de "nuevo atropello" el Real Decreto aprobado ayer por el que se modifican los parámetros de las reglas de explotación del Tajo-Segura, ya que "se trata del siguiente clavo en la mortaja del trasvase".
Ha sostenido que, de esta forma, "se consuma una de las decisiones más lesivas de la historia para la provincia de Alicante en el periodo democrático", ante lo cual habrá movilización y protestas, al tiempo que se recurrirá judicialmente, junto a regantes y agricultores de la provincia.
Mazón ha dicho que frente a la decisión de recortar de 38 a 27 hectómetros cúbicos la transferencia mensual "ya no valen declaraciones ni palabras vacías que no se traducen en nada, ni decir que el trasvase es irrenunciable cuando cada día el PSOE renuncia a él".
Para el presidente de la Diputación y líder del PPCV, "hay una falta de peso político lamentable de los gobernantes de la Comunitat Valenciana ante el Gobierno de España y ante las direcciones de sus propios partidos".
En rueda de prensa, acompañado por el coordinador de la Comisión Técnica de la Mesa del Agua, el catedrático y director del Instituto del Agua de la UA, Joaquín Melgarejo, y por el presidente de Asaja-Alicante, José Vicente Andreu, Mazón ha recordado que la batería de alegaciones y de acciones institucionales y de los sectores productivos alicantinos se sustenta en datos científicos.
Por su parte, Joaquín Melgarejo ha citado las recomendaciones del CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) en 2020 sobre que es "injustificado, carente de motivación suficiente, inoportuno, extemporáneo y, por tanto, arbitrario" un recorte del trasvase.
"Consideramos que la decisión de este Consejo de Ministros es desproporcionada, irrazonable, innecesaria e inadecuada", ha recalcado.
Al haber menos caudal para distribuir entre el sector agrario, se obligará a elevar el agua desalinizada, situación que encarecerá el precio del agua, "pasando de 15 a 60 céntimos por cada m2, lo que repercutirá en el coste ambiental porque producir el agua desalinizada es cinco veces más cara debido a las emisiones de dióxido de carbono (CO2)".
El presidente de Asaja en Alicante ha concretado que la primera reacción de los agricultores y regantes "es de perplejidad, porque no entendemos por qué el Gobierno de España y la ministra (Teresa Ribera) tienen tanta prisa por adoptar una serie de acuerdos que son gravemente lesivos para la agricultura levantina en el contexto actual de grave crisis sanitaria, que se traduce en una crisis económica y social".
