La Comisión Técnica del Agua de la Diputación de Alicante ha mostrado este jueves su rechazo a "la intención del Gobierno de España de modificar de forma inmediata las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, reduciendo los caudales trasvasables con destino al levante español".
En una reunión extraordinaria y urgente, este órgano de carácter técnico ha adoptado un acuerdo por unanimidad en el que reclama la paralización de esta medida, que "está previsto que adopte el Consejo Nacional del Agua el próximo lunes", según un comunicado de la corporación provincial.
Para la Comisión Técnica del Agua de la Diputación de Alicante, dicha medida es "inoportuna", pues "interfiere en el proceso de revisión del Plan Hidrológico del Tajo que está previsto se apruebe el próximo año".
Además, sostiene, es "arbitraria y, por tanto, nula de pleno derecho, al causar inseguridad jurídica e incertidumbre -probablemente tendrá que ser revisada una vez finalice el proceso de planificación hidrológica, tal y como alerta el propio Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex)-", según fuentes de la Diputación de Alicante.
Igualmente, la Comisión Técnica del Agua considera que "el cambio promovido por el Ejecutivo central es ineficaz y contrario a los intereses de los supuestos beneficiarios de la misma, ya que no proporcionará más recursos", añade el comunicado.
En este punto, se alerta de que la modificación del volumen a trasvasar supondrá un recorte del 4 "graves impactos sociales, medioambientales y económicos".
El acuerdo será remitido a la Generalitat, al Gobierno de Murcia y al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (Scrats), como miembros del Consejo Nacional del Agua, para que lo incluyan, si así lo estiman conveniente, en su posicionamiento.
Asimismo, "el informe, en el que se advierten de los efectos negativos que desde el punto de vista medioambiental va a tener la reducción de las aportaciones a la cuenca del Segura, se enviará también a todos los alcaldes de la provincia con el fin de que puedan mostrar su apoyo y adhesión al mismo", señala el comunicado.
La vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha calificado de "inadmisible" la posición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que, según ha afirmado, "toma decisiones de forma arbitraria que siempre perjudican a los mismos".
"Además de la grave situación sanitaria y económica que estamos atravesando, con consecuencias terribles para la hostelería, el ocio o el turismo de la provincia, los alicantinos tenemos que vivir constantemente bajo la espada de Damocles, con amenazas reiteradas por parte de la ministra Teresa Ribera y de sus compañeros de Castilla-La Mancha sobre el cierre definitivo del trasvase", ha lamentado Serna.
