El Gobierno andaluz, al igual que los de Valencia y Murcia, presentará alegaciones al plan del Tajo y pedirá al Consejo de Estado un informe desfavorable sobre el proyecto del real decreto que afecta al plan hidrológico e incluye la regulación del trasvase Tajo-Segura, que considera un "capricho político".
El Ejecutivo andaluz se suma de esta forma a la actuaciones anunciadas por el Gobierno valenciano que ha presentado este martes alegaciones al plan del Tajo que apuntan a "defectos en la tramitación".
El Ejecutivo murciano anunció también el pasado 4 de enero que iba a presentar alegaciones ante el Consejo de Estado contra el borrador de Real Decreto del Plan Hidrológico del Tajo por "su falta de consideración económica y ambiental, además de por la falta de transparencia en su tramitación".
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha remitido este martes una carta a la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, para pedirle audiencia a la comunidad y exponer así sus alegaciones al proyecto de Real Decreto antes de que este organismo emita su preceptivo informe.
Moreno destaca en la misiva que con los caudales ecológicos fijados se lesionarían "gravemente" los intereses de Andalucía, "al afectar claramente a la baja a los volúmenes actualmente trasvasados".
Ha indicado que esta nueva planificación hidrológica "contiene unas determinaciones gravemente lesivas para la comunidad".
Y ha defendido que, sin perjuicio de que puedan introducirse mejoras en la explotación del acueducto Tajo-Segura, cualquier decisión que afecte a su gestión debe "tener en cuenta las realidades geográficas, socioeconómicas y medioambientales de cada momento".
El presidente ha indicado que el aumento de los caudales ecológicos que plantea el plan en el río Tajo a su paso por Aranjuez, que es "la principal" medida que afectará a la transferencia hídrica, conllevaría un aumento de los desembalses desde las presas de cabecera, por lo que disminuiría el agua que llegaría a las zonas receptoras como Almería.
Moreno ha resaltado que las alegaciones presentadas por Andalucía durante las fases de información pública "no han sido atendidas", a pesar de que planteaban "una serie de incertidumbres de carácter técnico y metodológico" para determinar los caudales ecológicos.
La comunidad también presentó justificaciones técnicas para mostrar que los nuevos caudales ecológicos que recoge el plan son "excesivos".
Ha recordado que el acueducto Tajo-Segura puede proporcionar más de 20 hm³ anuales de recursos que son "imprescindibles" para abastecer a la población y a la agricultura, que es "esencial" en el levante almeriense y que sufre "un problema estructural de falta de recursos hídricos".
Por su parte, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha justificado en rueda de prensa la posición de la Junta de Andalucía y ha avisado del daño que ocasionará a las comunidades del levante español el "cambio en las reglas de juego" que ha efectuado el Gobierno central.
Según Crespo, este plan supondrá "el jaque mate" a la supervivencia del sector de las frutas y hortalizas en Valencia, Murcia y el levante almeriense.
Según la Junta, la modificación llevada a cabo por el Ejecutivo central supondrá un recorte que sería de 105 hm³ de agua respecto a las 290hm³ que reciben de esta cuenca las tres comunidades afectadas.
En concreto, Crespo ha cuantificado que la modificación afectaría a 25.000 hectáreas de cultivo y a 15.000 empleos directos en Andalucía por decisiones basadas en "informes no científicos, sino por un capricho político" que "perjudicará" especialmente a la España "más seca", ha advertido.
Según la consejera, el cambio de postura del Gobierno ha venido motivado por un pacto con el ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha que implica "acabar" con la solidaridad en el reparto del agua del trasvase Tajo-Segura.
"Hemos negociado hasta la extenuación e intentado aportar soluciones, pero el acuerdo no ha sido posible, de ahí que presentemos las alegaciones para cambiar la posición del Gobierno", ha lamentado.
La consejera ha criticado, además, en rueda de prensa la intención del Ministerio para la Transición Ecológica de "acabar" con la bonificación del agua desalada, otra medida que considera "caprichosa".
Por ello, la Junta planteará en sus alegaciones la bonificación del agua desalada de todas las desaladoras del sistema y una mayor rapidez en el proceso de desalación en zonas como el levante de Almería.
Al igual que las otras dos comunidades, Andalucía esgrime que el nuevo texto recoge unos incrementos fijos e inamovibles de los caudales ecológicos hasta el año 2027 sin tomar en consideración ningún análisis previo del estado de las aguas.
En este sentido, la Junta apuesta por introducir de nuevo la disposición relativa a los caudales ecológicos para garantizar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura.
