El ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) negociarán los próximos dos meses un convenio para el uso de la desalación en el Levante español.
El objetivo es que sustituya al contrato "abusivo" de adhesión que según el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, se les había impuesto desde Acuamed a 81 céntimos el metro cúbico de agua para regadío.
Jiménez, en un encuentro con periodistas en la sede del sindicato, explicó que Acuamed se declaró "irresponsable" de lo que pudiera ocurrir, lo que para los regantes supondría ser poco operativos a la hora de gestionar los contratos eléctricos con las constantes subidas del precio de la energía, factor clave en la producción de agua desalinizada, además de que proponían una comisión de seguimiento con el voto de calidad del presidente de la sociedad estatal, Francisco Baratech, que en su día les apremió a la firma del convenio.
La situación actual del precio energético hace inviable ese tipo de recurso hídrico para la agricultura porque se está hablando de cifras que rondan los 1,32 céntimos de euro por metro cúbico, cuando los 81 céntimos del convenio propuesto por Acuamed suponen un total de 810.000 euros por hectómetro cúbico, frente a los 40.000 euros que paga de media el regante español.
Recordó que la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía y que modificó la Ley de Aguas bajo el título "Plan de choque de optimización de la desalación para un Mediterráneo sin sed" acordaba la priorización del uso del agua procedente de la desalación ya instalada mediante la ejecución de las obras y actuaciones pendientes y aún no concluidas habilitando mecanismos de subvención necesarios a fin de que el precio del agua desalada para riego no excediese los 0,3 euros el metro cúbico.
Por otra parte, planteó la paradoja de que con los precios que plantean de agua desalada a la larga harán desaparecer al pequeño y mediano agricultor, incapaz de asumirlos, al tiempo que rechazó esa imagen de que en el campo levantino hay "poco menos que fondos buitres extranjeros" cuando solamente hay dos empresas de fuera y una es familiar y alemana y el resto son todos de aquí.
En este sentido, exigió al Estado que diga claramente lo que quiere para la agricultura del Levante porque si lo que quiere es que cambie "lo que debe hacer es un plan de reconversión en lugar de blasfemias y medidas antieconómicas".
Calificó lo ocurrido en el mar Menor como "la tormenta perfecta" que ha puesto al regadío del Levante en un escenario "muy difícil en el que es muy difícil" argumentar ni defender el campo.
