El vicepresidente de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (CREA), Eduardo Díaz, ha advertido en Jaén de que las concesiones de agua "se tienen que realizar en función de la rentabilidad social del cultivo".
En declaraciones a los periodistas, el representante de las comunidades de regantes ha recordado que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) tiene un derecho de adquisición preferente sobre el agua, y ha incidido en que "desde las organizaciones siempre hemos dicho que el agua tendrá que venir determinada por la vulnerabilidad de las explotaciones" y no se ha hecho así, sino que "se ha procedido a una venta".
Díaz ha comparado el olivar tradicional de Jaén con el cultivo del arroz: "el olivar de Jaén tiene 1.500 metros de concesión mientras que el del arroz tiene 12.000 metros cúbicos, pagamos en Jaén 90 euros por hectárea de canon y el arroz un 30 por ciento más por un consumo doce veces mayor".
Por ello, ha defendido que "se debe conceder el agua en función de la rentabilidad social del cultivo y de la política agraria que quiera hacer la sociedad".
El vicepresidente de la citada asociación ha hecho estas declaraciones antes del acto de presentación de la Cátedra Universitaria COAG-CREA de Derecho Agroalimentario y del Dominio Público Hidráulico de la Universidad de Jaén (UJA), una cátedra que va a ser "pionera" en Andalucía y que pretende reforzar la alianza de la universidad con el sector empresarial en un sector estratégico como es el olivar y el aceite de oliva.
El rector de la UJA, Nicolás Ruiz, ha subrayado que el agua es un recurso escaso, por lo que "hay que dejarse de lamentos, trabajar sin complejos y poner en marcha iniciativas potentes e innovadoras desde el tándem público-privado".
El secretario de COAG Jaén, Juan Luis Ávila, ha coincidido en que "tenemos que dejar de quejarnos y aportar propuestas", y ha avanzado que a partir de ahora “vamos a emitir propuestas desde Jaén, y que esas propuestas reviertan en Jaén, como el caso del agua, que es un bien público", por lo que ha pedido que "se reparta como todos los bienes públicos, atendiendo a obtener la mayor rentabilidad a nivel económico y social".
