El embalse portugués de Alqueva tiene un agua por la que España pagará dos millones de euros anuales a Portugal, aunque en el país luso hablan de un pago por desvíos ilegales y en Huelva de "una apuesta decidida por las infraestructuras hídricas" por parte del Ejecutivo español.
Por parte de la Junta de Andalucía, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha apuntado este miércoles durante una visita al puerto de Mazagón (Huelva) que desconoce los términos del acuerdo que ha conocido por los medios de comunicación y ha añadido que la Administración andaluza no tiene información oficial al respecto.
"El Ministerio para la Transición Ecológica no se ha puesto en contacto con el Gobierno andaluz. A partir de ese contacto, cuando solicitemos la información, haremos las declaraciones oportunas y veremos un poco en qué consiste lo que hemos conocido", ha dicho Díaz, que ha añadido que la Junta "lo que siempre defenderá es agua para los regantes onubenses; eso es fundamental".
Las 13 comunidades de regantes que componen la asociación Huelva Riega, por su parte, se han mostrado prudentes ante el anuncio del acuerdo entre España y Portugal que el próximo mes de septiembre regulará el uso del agua de la presa de Alqueva, aunque en principio lo ven positivo.
Durante una visita el martes al Algarve, en el sur de Portugal, la ministra portuguesa de Medio Ambiente, Maria da Graça Carvalho, explicó a los periodistas que ese pago será incluido en el acuerdo que Portugal y España van a firmar el 26 de septiembre para la gestión de las cuencas de los ríos Tajo y Guadiana.
Preguntada sobre los desvíos españoles, Carvalho indicó que "España como es natural está dispuesta a pagar aquello que nos debe", al tiempo que consideró que no es una cantidad "exorbitante" si se tiene en cuenta la dimensión del país vecino.
Los desvíos ilegales del agua del embalse de Alqueva fueron abordados en la reunión que mantuvieron a comienzos de julio en Lisboa la vicepresidenta tercera de España y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y Carvalho.
El asunto ha levantado espinas en Portugal, a raíz de un reportaje de la televisión pública lusa RTP donde se denunciaba que había 40 desvíos españoles del agua de Alqueva, lo que está suponiendo la pérdida de más de 40 millones de euros para las arcas portuguesas.
En aquel momento, Carvalho reveló que se había llegado a un acuerdo entre Portugal y España para regularizar esos desvíos desde Alqueva, que va incluir un trabajo de vigilancia y un cálculo preciso del agua empleada por los agricultores españoles.
Ambas ministras se mostraron contrarias a "grandes trasvases" de agua desde ese embalse para paliar la escasez en algunas partes del territorio español.
Ribera indicó que no es algo que esté "encima de la mesa" y subrayó que no son "razonables" las pretensiones de algunas administraciones autonómicas españolas, como Andalucía, mientras que Carvalho dijo que "los grandes trasvases tienen impactos ambientales y financieros muy grandes” y no es algo que su país contemple.
La subdelegada del Gobierno español en Huelva, María José Rico, ha indicado por su parte que el acuerdo es "una apuesta decidida por las infraestructuras hídricas" por parte del Ejecutivo central y ha precisado que fue anunciado por la ministra Ribera cuando se reunió con su homóloga lusa hace tres semanas.
Asimismo, ha apuntado que esto, unido a la reactivación del Bocachanza, responde a la inquietud del Gobierno de dar una respuesta "a la necesidad de proporcionar a Andalucía y a la provincia de Huelva el agua que necesita".
