El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, ha avanzado que la Junta de Andalucía incluirá el derecho al agua como mínimo vital tanto en el Reglamento como en la ley de Cambio Climático, lo que implicará a su vez una modificación de la ley de Agua para reconocimiento de este derecho.
Fiscal ha adquirido este compromiso en un encuentro con el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, la secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Teresa Muela, la secretaria general de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, Pilar Navarro, y diversos representantes de los Consumidores (FACUA, Al-Andalus, Adicaes).
También han participado empresas suministradoras de agua para abordar cómo se hará efectivo el derecho al agua como mínimo vital en Andalucía, tras el anuncio de la presidenta, Susana Díaz, de que la Junta impulsará esta medida para atender las necesidades básicas del consumo doméstico de todas las familias andaluzas.
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz recogió a través de un Informe sobre el Derecho Humano al Agua de 2015 el ascenso de los casos de pobreza hídrica y energética en la comunidad y ha reivindicado en diversas ocasiones la necesidad de una reforma legal en este ámbito.
A este respecto, Fiscal ha señalado que el derecho al agua como mínimo vital será recogido tanto en el Reglamento como en la Ley de Cambio Climático a través de una disposición final, que supondrá asimismo una modificación de la Ley de Agua para el reconocimiento expreso de este derecho.
Este nuevo Reglamento incorporará soluciones para asegurar el derecho a este servicio a colectivos en situación de vulnerabilidad económica.
La tramitación de esta normativa está muy avanzada, por lo que podrá aprobarse antes de que acabe la legislatura.
Durante la reunión, las partes ha abordado las futuras líneas de trabajo, entre ellas diagnosticar la situación económica y de vulnerabilidad de las familias.
Además, la idea es definir qué entidad o institución implementará la medida, si la bonificación será parcial o total y cómo se financiará, proponiendo soluciones para problemas en la tarificación, los cánones concesionales o la necesidad de una información más transparente a los ciudadanos.
Esta medida blindará, según la Junta, los derechos de los consumidores y usuarios de servicios de suministro domiciliario de agua e incorporará las nuevas tecnologías en materia de control, pérdidas del recurso y recuperación de costes.
