El 69,2% de los entrevistados en el Barómetro de Verano elaborado por el CEMOP considera que la reforma de la Ley del Mar Menor por parte de la Asamblea Regional “debería ir en caminada a reforzar la protección medioambiental de la laguna limitando el uso de nitratos y la actividad de las grandes explotaciones agrarias”.
Por su parte, el 19,5% de los encuestados afirma que la reforma legal debería orientarse a “levantar las restricciones que actualmente limitan las actividades agrícolas y ganaderas en torno a la laguna”, mientras que un 11,3% no contesta o declara no tener una opinión formada a respecto.
Así se recoge en el apartado relativo a los Temas de Actualidad del Barómetro de Verano, en el que el CEMOP ha preguntado también sobre el nivel de satisfacción con las políticas puestas en marcha por el Gobierno regional para mejorar la calidad del empleo y elevar los salarios de los habitantes.
Sobre este tema, el 61,4% declara estar ‘poco o nada satisfecho’ con las mismas, un porcentaje 8,5 puntos superior entre los hombres.
El Barómetro de Verano lleva en esta edición por título “En apoyo de la Infancia”, debido a una colaboración con Unicef de la región de Murcia. El CEMOP ha introducido en su encuesta cinco preguntas relacionadas con la infancia y la adolescencia, con el objetivo de que los resultados sirvan para contribuir a la mejora de la vida y el bienestar de los más pequeños.
La primera pregunta está relacionada con la lucha con la contra la pobreza infantil y en las respuestas se constata un elevado un alto grado de acuerdo entre las personas entrevistadas. El 74,6% ha declarado estar ‘completamente de acuerdo’ en que para los gobiernos deba ser una prioridad luchar contra la pobreza infantil e invertir más fondos públicos para reducir esta situación.
También es mayoritario el respaldo a la cuestión sobre la importancia de establecer medidas para proteger a la infancia frente la violencia, especialmente la digital, ya que el 87,7% de las personas se sitúa en la posición de ‘completamente de acuerdo’.
Ante la afirmación “la salud mental y bienestar emocional de los niños y adolescentes es una cuestión prioritaria que se debe atender en los programas públicos de salud”, el 86,1% de la población está ‘completamente de acuerdo’ en ello.
Menor es el porcentaje de personas que afirman estar ‘completamente acuerdo’ en que es necesario prestar especial atención a la población infantil inmigrante o refugiada, al situarse en el sitúa en el 54,7%.
Finalmente, a la pregunta sobre si los niños y adolescentes deberían participar en los asuntos públicos que les afectan, solo el 35,4% está ‘completamente de acuerdo’ con esta participación.
