Si no llueve, en estos momentos solo queda agua para menos de 30 días. A partir de esa fecha, los sistemas de regadíos dejarán de funcionar y se pueden llegar a perder 29.000 hectáreas de cultivo en la comarca de la Vega Baja y 40 millones de árboles en todo el sureste español.
Así se puso de manifiesto en el Foro Pro Agua de Alicante, donde se dieron cita más de 40 representantes de los regantes de la provincia y del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) de Murcia, ante la situación de "grave emergencia" que atraviesa la agricultura del sureste español por el déficit hídrico.
Los asistentes, que resumieron la situación con el dicho "tanto decir que viene el lobo, y al final el lobo ya está aquí", ven con "estupor" cómo la falta de previsión y actuación de unos políticos y un Gobierno “a los que se les puede poner un cero en materia de agua”, ha provocado que "ya no queden más parches hídricos a los que aferrarse".
Y es que, recordaron, además del cierre del trasvase Tajo-Segura desde el mes de mayo y de la no apertura de nuevos pozos de sequía, "se encuentran enquistados los eternos trámites de los impactos ambientales y la negativa de compra de caudales privados a otros agricultores, como los de Estremera, con la que el Gobierno de Castilla La-Mancha puso el grito en el cielo recientemente".
En sus intervenciones, el sentir unánime fue el de afirmar que “el Pacto Nacional del Agua es otra gran mentira del Gobierno central para callar bocas mientras dure su legislatura, y conseguir completarla sin hacer nada por los agricultores y el sistema agroalimentario del Levante, tal y como llevan haciendo todos los gobiernos que van pasando por la presidencia desde hace décadas”.
El profesor emérito, rector honorífico de la Universidad de Alicante y portavoz del Foro Pro Agua, Antonio Gil Olcina,explicó que “en España no tenemos un problema de falta de agua, sino de redistribución y gobernanza". A su juicio, "para enfrentarnos a la sequía lo primero que debemos hacer es estructurar los recursos disponibles, algo que ya está en el papel, por lo que el problema hídrico no se resuelve porque no se aborda”.
En este sentido, Gil Olcina reiteró su crítica al hecho de que "primen los intereses de las empresas eléctricas por encima de salvar la agroindustria del Levante, la cual tiene un potencial y un valor incalculable".
Por ello, dijo no entender "por qué se le siguen transfiriendo 9.000 hectómetros del río Tajo a Portugal por medio del Convenio de Albufeira, que tan sólo exige 2.700 hectómetros; y por qué no se establece un trasvase desde el Tajo Medio, donde hay sobrantes y, en cambio, se sigue manteniendo la toma en la cabecera del río, área en la que las estadísticas demuestran que llueve, incluso menos, que en Alicante o Murcia, lo que confirma que la toma actual del trasvase se basa en referencias climáticas equivocadas".
CATALUÑA COMO EXCUSA
Por su parte, el presidente de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat Valenciana (Fecoreva) Antonio Andújar, apuntó que lo “que nos faltaba para que el Gobierno central escurra aún más el bulto es el tema de Cataluña, con el que tiene la excusa perfecta para seguir mirando hacia otro lado y no abordar un problema de Estado como es la redistribución del agua entre territorios”.
Andújar recordó que anualmente van al mar una media de 55.000 hm3 de agua que son sobrantes y el déficit en el Levante es de alrededor de 600 hectómetros, por lo que la redistribución es “simplemente de voluntad política, porque hablamos de cifras irrisorias, migajas para un río”.
Y es que, subrayó el presidente de Fecoreva, las soluciones “pasan construir nuevas obras, pantanos y autopistas del agua que atiendan todas las cuencas y vayan transfiriendo el recurso a través de autopistas cuando sea necesario, impidiendo de déficit con la redistribución global”.
MOVILIZACIONES EN LAS CALLES
Desde el Scrats, su máximo dirigente, Lucas Jiménez, avanzó que las movilizaciones ya están planteadas y que se va salir a la calle porque el problema, en menos de tres meses, va a llegar a la sociedad civil. Asimismo, ha pedido al Gobierno que atienda el informe que el Scrats le presentó en primavera, en el que se abordan detalladamente soluciones viables para "acabar de una vez por todas con la amenaza hídrica permanente de nuestra zona".
En relación al Júcar- Vinalopó, el presidente de la Junta Central de Usuarios, Andrés Martínez, hizo hincapié en que hace más de un año y medio que se aprobaron los planes de cuenca, en los que se constató que en el conjunto nacional de cuencas hay un superávit que supera los 20.000 hectómetros cúbicos, y que sólo tienen déficit en España las cuencas del Segura y el Júcar.
“Esto deja patente que no hay que hacer pactos de agua, sino aplicar directamente la Constitución, donde dice que las competencias de agua le corresponden al Gobierno central y que debe repartirla equitativamente entre los territorios de España”, defendió Martínez.
Finalmente, el presidente de Asaja Alicante, Eladio Aniorte, advirtió que “cada vez hay más casos de empresarios agrícolas que están dejando hectáreas sin cultivar y así no se puede mantener el sistema agroalimentario más importante de España y lo que se conoce como la despensa de Europa".
Por ello, Aniorte consideró "urgentísimo" que el Gobierno central "se deje de pantomimas de Pactos del Agua interminables para excusar su deber, que es resolver el grave déficit de zonas como la nuestra a través de planificación hidrológica, construcción de infraestructuras e inversión”.
Los asistentes a la reunión decidieron iniciar una nueva estrategia, que pasa por mantener un bloque unido en la defensa de la agricultura del Levante español como sector estratégico, la necesidad de abordar el problema político de la gobernanza del recurso y planificación hidrológica, la aplicación del artículo 149 de la CE y trabajar con el Scrats en el proyecto que registró en el Mapama en mayo 2017, en el que planteaba soluciones concretas que se necesitan en la cuenca del Segura.
Estuvieron presentes más de 40 representantes de los regantes de Alicante y Murcia, entre los que se encontraban Antonio Gil Olcina, portavoz del Foro Pro Agua; Eladio Aniorte, presidente de Asaja Alicante; José Antonio Andújar, presidente de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat (Fecoreva); Andrés Martínez, presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó; Carlos Barrera, juez de Aguas de Almoradí; Lucas Jiménez, presidente del Scrats, así como representantes de las Comunidades de Regantes de la Vega Baja y las comarcas del Vinalopó.
