La patronal de supermercados pide a Planas clarificar el decreto a favor del campo

El real decreto aprobado por el Gobierno con medidas para aliviar la crisis del campo exige un ejercicio de clarificación a nivel técnico, según la patronal de supermercados Asedas, que ha defendido que los cambios no deben implicar un incremento de los precios al consumidor...

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El real decreto aprobado por el Gobierno con medidas para aliviar la crisis del campo exige un ejercicio de clarificación a nivel técnico, según la patronal de supermercados Asedas, que ha defendido que los cambios no deben implicar un incremento de los precios al consumidor.

Desde Asedas -que agrupa a las cadenas Mercadona, DIA y a una decena de enseñas regionales- han valorado la actitud dialogante del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tras la reunión que mantuvo ayer con los representantes del sector.

"Los próximos pasos se dirigen a clarificar los aspectos técnicos del real decreto que requieren un ejercicio de interpretación jurídica para que no haya dudas al respecto y se apliquen por igual a lo largo de toda la cadena", han apuntado.

La patronal -cuyos socios cuentan con más de 19.000 tiendas, representan casi un 70 "sin que ello perjudique a los consumidores" al implicar una subida de los precios en el punto de venta.

En su opinión, el sector de la distribución debe ser "parte de la solución a los problemas" de los agricultores, y por ello han mostrado su disposición a "aplicar con la mayor celeridad" las medidas recogidas en el decreto.

En la reunión con Planas acudieron además de Asedas las asociaciones Anged (que representa al formato hipermercado) y ACES (a la que pertenecen Lidl y los supermercados de Carrefour, Eroski, Alcampo y El Corte Inglés).

El real decreto introduce varias novedades legislativas dirigidas a reforzar los mecanismos de control para evitar que los precios en origen que se pagan en el campo se sitúen por debajo de los costes de producción y evitar la "venta a pérdidas".

Una de las medidas aprobadas es obligar a abonar a los operadores "un precio igual o superior al coste de producción" del anterior eslabón, de forma que no se pueda comercializar a un precio inferior.

Para conseguirlo apuesta por la formalización de contratos y por calcular ese coste de producción en base a una serie de "factores objetivos"; es precisamente esta cuantificación la que más dudas despierta en el sector, a la espera de conocer más detalles sobre su aplicación práctica.

El ministro ya se ha reunido en las últimas semanas con otros representantes de la distribución, entre ellos Mercadona, Carrefour, DIA y Lidl.