La Comisión Europea (CE) abrió este martes un procedimiento de infracción contra España y otros once países por no incorporar a la legislación nacional la directiva europea sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro del sector agroalimentario, cuyo plazo para hacerlo concluyó el 1 de mayo.
Además de a España, Bruselas abrió también un expediente a Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Estonia, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovenia.
El Ejecutivo comunitario les envió a todos ellos una carta pidiéndoles explicaciones y ahora tienen un plazo de dos meses para responder a la misiva.
Es el primer paso de un procedimiento que en último término podría llevar al Ejecutivo comunitario a denunciar ante el Tribunal de Justicia de la UE a estos países.
La directiva prohíbe dieciséis prácticas comerciales desleales en este sector, tales como los pagos tardíos y las cancelaciones de último minuto de pedidos de productos perecederos, los cambios unilaterales o retroactivos de los contratos, así como el rechazo de los acuerdos por escrito o la obligación de que el proveedor tenga que pagar por productos desperdiciados.
La norma obliga también a los estados miembros a designar autoridades nacionales para recibir las quejas ante estas situaciones de los agricultores, los pequeños y medianos proveedores y de las organizaciones que los representan.
