El secretario general de UPA Región de Murcia y secretario de Organización de la ejecutiva federal, Marcos Alarcón, ha asegurado que la Ley de recuperación y protección del Mar Menor “tiene el mismo pecado original que la Política Agraria Común (PAC) 2023-27”.
En este sentido, ha explicado que “se ha elaborado sin escuchar al sector, sin tener en cuenta su experiencia y su conocimiento, generando un problema de desconexión entre legislador y administrado”.
Marín ha comparecido este jueves ante la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos de la Asamblea Regional, en la que se valorará una posible reforma de la Ley de recuperación y protección del Mar Menor.
Alarcón ha hablado de “importantes deficiencias técnicas” detectadas en la Ley, al usar “una técnica legislativa poco frecuente”. “El articulado amarra mucho”, provocando “rigideces” que impiden su actualización.
En su opinión, la ley está “desfasada” porque “existe nueva normativa europea y nacional que es imposible actualizar debido a la rigidez de la técnica legislativa empleada”.
Además, ha apuntado que el título de la Ley “no es coherente con el contenido, ni con el articulado” pues “es una ley de ordenación de la actividad agraria en la cuenca vertiente del Mar Menor más que una ley de recuperación y protección”.
El líder agrario de UPA ha lamentado que el sector agrario y ganadero haya sido el “chivo expiatorio” de la Ley para justificar el deterioro de la laguna, haciendo que el resto de sectores se hayan “inhibido de sus responsabilidades”, y ha recordado que “el boom agrario en el Campo de Cartagena ha coincidido con el boom residencial y turístico en el litoral del Mar Menor, que alguna huella ambiental habrá dejado”.
Por ello, ha pedido a los grupos parlamentarios que ayuden a “amortiguar la sensación que hay en la ciudadanía de que toda la culpa es del agricultor”, reprochando a sus señorías que no aprobaran la moratoria urbanística “para que la ciudadanía entendiera que también otras actividades están contribuyendo al deterioro del Mar Menor”.
Marcos Alarcón ha resaltado el “enorme esfuerzo de adaptación” que está haciendo el sector agrario, pero ha advertido que solo asumirá la parte de responsabilidad que le corresponde, mientras el resto de sectores que han contribuido a la degradación de la laguna “se van de rositas”.
A su vez, ha apostado por una modificación de la ley “que sea visibilizada como una mejora en la que la recuperación y la protección del Mar Menor”. “Tiene que ser una modificación para no rebajar la ambición de protección y que cuente con un esfuerzo de pedagogía de cara a la ciudadanía”, ha especificado.
En este punto, ha pedido que también se escuche a los colectivos vecinales, ecologistas y todo aquellos relacionados con el Mar Menor, haciendo hincapié en contar con la comunidad científica, los técnicos más cualificados y con la experiencia de campo de eficacia demostrada.
"NO NOS ENGAÑEN"
Por ello, ha instado a alcanzar “un amplísimo consenso social y un amplísimo consenso parlamentario”. A los políticos les ha pedido, expresamente, que si finalmente se modifica la Ley “no nos engañen”. “Escúchennos y no nos hagan falsas promesas”, ha agregado.
Otro aspecto que ha comentado Alarcón es el incremento de costes que tienen que soportar los agricultores por tener que contratar con la Administración servicios contemplados en la Ley.
Esto supone “un mayor riesgo de desaparición de la agricultura familiar, que no puede asumir las cuantías económicas de tanta carga administrativa”, llevándolas al abandono de la explotación y a arrendar las tierras “a precios devaluados a las grandes compañías, que sí pueden hacer frente a esos gastos", ha relatado.
Finalmente, ha indicado que el documento conjunto que COAG, Asaja, UPA, Fecoam y Proexport van a presentar a los grupos parlamentarios sobre la reforma del Ley es “una actualización del que se presentó en 2022”, e incluye propuestas “sólidas y con solvencia técnica” basadas en el conocimiento científico y en la experiencia.
