El Gobierno español defiende "hasta el último momento" una solución negociada entre Bruselas y Pekín en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre la imposición de aranceles a vehículos eléctricos fabricados en China, dijeron fuentes gubernamentales.
Así se lo ha comunicado el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, al vicepresidente ejecutivo y comisario de Comercio, Valdis Dombrosvkis, en una carta en la que "no establece posición" de cara a la votación que este viernes llevarán a cabo los países de la Unión Europea para decidir si Bruselas debe seguir imponiendo los aranceles a la importación de los vehículos eléctricos fabricados en China que está aplicando de forma provisional desde el pasado mes de julio.
"La carta enviada refleja que España defiende hasta el último momento una solución negociada en el marco de la OMC, pero no establece posición de voto", dijeron las fuentes.
Y añadieron: "Por respeto al proceso de votación no desvelaremos el sentido de nuestro voto con carácter previo".
La medida saldrá adelante si votan a favor un 55 % de los Estados miembros que representen, al menos, al 65 % de la población de la UE; si, en cambio, esa misma mayoría cualificada se opone, la Comisión Europea deberá tener en cuenta el resultado.
En el caso de que no se logre dicha mayoría ni a favor ni en contra, la Comisión Europea podrá modificar su propuesta actual y volverla a someter a votación antes del 31 de octubre, la fecha límite que tienen los Veintisiete para tomar una decisión.
Desde principios de julio, se están aplicando aranceles de hasta el 36,3 % al fabricante SAIC, del 19,3 % a Geely y del 17 % a BYD, por considerar que reciben subvenciones que dañan a los fabricantes de la UE.
A mediados de julio España votó a favor de la medida junto a Francia, Italia y otros nueve países, mientras que Alemania y otros diez se abstuvieron y en contra votaron Malta, Eslovaquia, Chipre y Hungría, que ya ha avanzado que se volverá a oponer.
Desde entonces, las divergencias entre los Veintisiete han ido aumentando entre ellas las de España, cuyo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió recientemente desde China que la UE reconsidere su posición, como también demanda el canciller alemán, Olaf Scholz.
Pekín y Bruselas llevan desde julio negociando una posible solución y hace dos semanas Dombrovskis y el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, se comprometieron a seguir intentando un acuerdo.
Si mañana se adoptan los aranceles, se aplicarán durante cinco años, aunque fuentes comunitarias dijeron a EFE que podrían retirarse, en caso de que se alcance un acuerdo.
En reacción a los aranceles que ya se están aplicando de forma provisional, China ha iniciado una investigación a las importaciones de carne de cerdo y productos lácteos de la UE, que para España representan una factura de exportaciones de casi 1.900 millones de euros en el primer caso y de 91 millones en el segundo.
Bruselas decidió impugnar la semana pasada ante la Organización Mundial del Comercio la investigación china a los productos lácteos.
