El secretario general de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha denunciado que su organización tiene sospechas de que muchas empresas vitivinícolas de la comunidad están cometiendo fraude en la producción de vino y ha reclamado mayor aumento de la vigilancia y controles.
"Tenemos sospechas de que se está produciendo fraude", ha incidido Fresneda en rueda de prensa este viernes en Toledo en la que ha expuesto que, tras el paso de la borrasca 'Filomena', "este año es ideal, se están dando todas las condiciones para ellol" ante el repunte de precios -entre un 50 "atendiendo a la legalidad", ha defendido que "añadiendo agua, sacarosa, mandioca" el aumento es sustancial y eso reporta "un beneficio extra por cada litro".
El secretario general de Asaja C-LM ha explicado que "hay dos maneras" de cometer el fraude: "Se compra uva y el otro producto o se compra mosto y se hace la mezcla" y que, para poder detectar el engaño, hay sólo 72 horas de tiempo "pero, entonces, tienen que estar quienes controlan" las supuestas irregularidades.
"Podemos tener razón en nuestra denuncia, pero nadie mueve un ápice", ha expuesto Fresneda, quien ha eludido dar nombres, si bien ha apuntado que pueden ser las mismas que hace cuatro años ya estuvieron en el punto de mira por presuntas actuaciones ilegales. "Las conocemos más o menos y nosotros lo que hacemos es ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil, la Delegación del Gobierno y, por supuesto, la Consejería".
En este punto, ha reclamado mayor número de controles en las bodegas, por parte de la Guardia Civil y el cuerpo de inspectores de la Junta autonómica, además de un control documental de los camiones que entran y salen entre países de la Unión Europea (UE) sin obviar el control de la Agencia Tributaria.
Para descubrir a "los cuatro sinvergüenzas" que defraudan al sector vitivinícola, Fresneda ha reclamado la intervención de "los que tienen que poner los ojos en los que siguen compitiendo impunemente" y, en primer lugar, la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural que, a su juicio, es conocedora de las irregularidades pero, sin embargo, no adopta medidas.
Para paliarlo, Fresneda ha sido tajante: "Cerrar las bodegas que hacen daño y hacer un seguimiento a sus dueños, por si quieren abrir otras con distintos nombres y NIF", por un lado, y "sanciones fuertes a los que se pasan las normas por el arco de triunfo y se encogen de hombros ante ellas", por otro.
Además, como pista, ha razonado que "el azúcar tiene un impuesto del 21 % y otros productos siguen en el 10 %, y por esto se puede saber si una empresa compra una cosa u otra".
Fresneda ha ampliado que, para evitar ser descubiertos, la estrategia es "crear una empresa pantalla, que es la que compra el azúcar, que puede venir del extranjero" y para cerciorarse de las irregularidades es precisa la intervención, también, del departamento de aduanas.
"No es atentar contra el sector, sino mejorar sus condiciones", ha defendido, para abundar que "si hemos dicho públicamente que tendremos una recolección de en torno a 20 millones de hectolitros, si luego aparece 24 millones, pues blanco y en botella", ha apostillado.
Ha sostenido que "después del esfuerzo realizado, con la pandemia, la 'Filomena', la DANA, alguien tiene que sentirse solidario con los agricultores. La Consejería tiene que tomar nota y responder, también las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), y luego el conjunto del sector, que tiene que quitarse el miedo y señalar con el dedo a los que están haciendo tanto daño al sector", ha remarcado.
A preguntas de los periodistas, el responsable regional de Asaja CLM ha confirmado que estas sospechas de fraude ya se las han transmitido a la Consejería, que "sabe mejor que nosotros" la situación -aquí, ha reseñado las denuncias de hace cuatro años-, y que lo expondrán por carta, también, a la Delegación del Gobierno en la región.
"Nosotros no tenemos capacidad" para desenmascarar a las empresas defraudadoras, ha reiterado Fresneda, quien ha precisado que, sin saber el número exacto, están implicadas bodegas de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara: "Hace cuatro años ya hubo empresas denunciadas, y sanciones, pero la Consejería nunca ha hecho público sus nombres", ha zanjado.
