La Unión Extremadura ha considerado este lunes que el precio de compra de arroz fijado por la industria Herba es "ilegal", al estar por debajo del coste de producción, y ha anunciado movilizaciones ante esta "estafa" a los agricultores.
Arroceras Herba, que tiene el "monopolio" de este cultivo en España y que es el principal comprador de la Unión Europea, ha hecho público el precio al quiere comprar el arroz en cáscara esta campaña, que será de 430 euros por tonelada para los tipos índica (largo) y de 500 para los tipos japónica (redondo), según ha informado La Unión en un comunicado.
Ha asegurado que estos precios están entre 20 y 25 euros/tm por debajo de los costes de producción y por lo tanto la propuesta incumple el artículo 9 de la Ley de Mejora de la cadena Alimentaria.
Según esta organización agraria, el precio del arroz en ningún caso puede estar por debajo de los 60 y 65 euros/tm.
En primer lugar, ha expuesto, porque los costes de producción están siendo muy elevados y por lo tanto en base a la normativa española no es legal comprar por debajo de estos precios.
También porque la oferta de arroz tanto español como italiano o griego es "muy escasa" esta campaña debido a la sequía que ha impedido regar la mayor parte de la superficie arrocera de estos países.
Y la tercera razón es que el precio del arroz a los consumidores está a la mayor cotización hasta la fecha, muy por encima de años anteriores.
"Si hay poco producto, si además es muy caro producir y los consumidores lo están pagando a precios desorbitados, ¿cuál es el motivo de que a los productores les estén ofreciendo un precio miserable por el producto?", ha preguntado La Unión.
A su juicio, "la respuesta es muy sencilla" y es que está llegando procedente de Myanmar ingentes cantidades de arroz de "condiciones sanitarias muy dudosas".
Y, además, debido al convenio firmado entre la Unión Europea (UE) y ese país asiático, el arroz entra en España sin arancel alguno, ha subrayado.
Por ello, La Unión solicitará al Ministerio de Agricultura que proponga a la UE la imposición de tasas de importación para evitar la ruina de los productores españoles y extremeños.
Al mismo tiempo van a comunicar a la Delegación del Gobierno el inicio de actos de protesta ante la industria arrocera por incumplir la legislación vigente en materia de comercio de productos agrarios.
