La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha reclamado a la industria láctea unos 2.600 millones de euros debido a los perjuicios que sufrieron los productores de leche debido a la creación de un "cártel" en el que se fijaron precios a la baja para pagar a los ganaderos.
La organización, que ha acudido este jueves a la Audiencia Nacional como parte del proceso abierto por el que se acusa a ocho empresas y dos asociaciones del sector lácteo, cifra en un total de 60.000 los ganaderos afectados, de los que a día de hoy participan en la denuncia 10.000.
En total, la organización canaliza las demandas de más de 5.000 ganaderos afectados por la fijación de precios de las industrias lácteas, que ascendería a más de 1.200 millones de euros.
Con este proceso, los productores quieren que la Audiencia Nacional confirme la sanción que ya interpuso en 2015 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la que se multó a las empresas lácteas españolas con casi 90 millones de euros por prácticas contra la competencia.
A su salida de la Audiencia, el secretario general de Unións Agrarias-UPA Galicia, Roberto García, ha sostenido que "doce años después del inicio del proceso" están "seguros" de que en los próximos meses "saldrá la confirmación por parte de la AN de la decisión de la decisión de la CNMV".
García ha afirmado que, desde que se puso en marcha esa práctica por parte de la industria, se han visto afectados unos 60.000 ganaderos, de los cuales "50.000 han ido cerrando como consecuencia de este tipo de comportamiento ilícito".
Además, el portavoz ha asegurado que el "cártel lácteo" ha traído como consecuencia un empobrecimiento de más de 2.600 millones de euros en los ganaderos que han quedado en las cuentas de la industria.
Y ha añadido que "mientras estas sanciones no se ejecuten, no se corregirán estos comportamientos", ya que en el mes de mayo los productores han visto de nuevo que "de forma coordinada, la industria ha puesto en marcha una nueva bajada de precios sin que hubiese razones de mercado".
Ha sido una de las últimas vistas que se han realizado en la Audiencia Nacional y esperan que en los próximos meses se resuelva la decisión del órgano judicial, aunque no descartan que la industria recurra.
