Falta de rentabilidad, un mal que paraliza camiones y es endémico en el campo

Salir de casa a trabajar para perder dinero o, al menos, no obtener beneficio por ello es la causa por la que los transportistas han protagonizado un paro que ha puesto contra las cuerdas a varios sectores industriales como el alimentario; un mal el de la falta de rentabilidad que, sin embargo, es endémico en el sector agrario.

Tractor labrando (Foto Generalitat Valenciana)

Salir de casa a trabajar para perder dinero o, al menos, no obtener beneficio por ello es la causa por la que los transportistas han protagonizado un paro que ha puesto contra las cuerdas a varios sectores industriales como el alimentario; un mal el de la falta de rentabilidad que, sin embargo, es endémico en el sector agrario.

La importante subida del gasóleo desde que comenzó la guerra en Ucrania ha hecho inviable el negocio de transportar mercancías por carretera con unos insumos disparados frente a los ingresos: una ecuación que es la espada de Damocles para agricultores y ganaderos.

Muchos de ellos se quejan de que trabajan a pérdidas en el campo y aseguran que eso, unido a otros males como la falta de relevo generacional y la penosidad de estos empleos, hace que cada día haya en España explotaciones que decidan echar el cierre.

En el caso de la leche, por ejemplo, en 2021 dejaron su actividad 655 productores, eso es casi dos al día y es que producir un kilo les cuesta de media 42 céntimos y recibe por él 33 céntimos, según fuentes de la organización agraria COAG.

Es un sector aún bastante atomizado y sigue buscando ganar músculo y obtener fuerza de negociación a través de organización de productores de leche o cobijándose bajo el paraguas de cooperativas que les dan más rentabilidad.

A los que tampoco les salen ahora las cuentas es a los productores de manzana porque producir un kilo les supone un coste de 89 céntimos y obtienen por su venta unos 40 céntimos, según los datos aportados por fuentes del sector de las frutas y de las hortalizas de COAG.

O a los ganaderos de ternera, porque en casos como los criadores de raza rubia gallega están perdiendo unos 350 euros cuando venden una ternera, según han denunciado esta misma semana.

A finales del año pasado, medio millar de horticultores se manifestaron en Madrid porque trabajaban a pérdidas: producir un kilo de tomate les cuesta entre 75 y 80 céntimos y al agricultor se lo pagan a 55 céntimos de media.

Y así en muchos otros subsectores agrícolas que tienden a protestar pacíficamente en la calle en unas acciones con un eco social limitado.

Todo ello les aboca a que, ayudas como las de la Política Agrícola Común (PAC) o el gasóleo agrícola bonificado, se antojen fundamentales para mantener unas actividades, por otro lado esencial para la sociedad porque de ellas depende la provisión de alimentos en cantidad y en calidad suficientes, según repiten reiteradamente desde el propio sector y desde las administraciones.

Eso les reporta, por otro lado, una imagen de sector subsidiado e incluso un poco “quejica” pero sólo los que están trabajando la tierra saben sus cuentas.

Lo cierto es que el mundo del campo es muy rico y diverso y la rentabilidad tiende a variar en función de los sectores, de las áreas geográficas o de los períodos de tiempo.

Además, hay muchas variables a tener en cuenta en la fórmula de la rentabilidad: los costes de los insumos (fertilizantes, piensos, energía, fitosanitarios, sanidad animal, etcétera), climatología, condiciones de negociación contractual y, todo ello, en un mundo global donde las reglas del comercio ya no atienden sólo a la oferta y a la demanda porque la especulación lo embarra todo, según protestan continuamente.

España aprobó en 2013 una ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, recientemente modificada, con el fin de que todos los eslabones de esa cadena obtengan rentabilidad y no se produzcan prácticas como la venta a pérdidas.

En su última modificación, la ley recoge la necesidad de mejorar el texto de 2013 por la necesidad de incluir “medidas adicionales” que “mitiguen las dificultades” en las que se sitúa “una buena parte del sector primario, con el fin de evitar el abandono de las explotaciones y asegurar en la medida de lo posible un reparto equitativo de los costes sociales, ambientales, de competitividad y de sostenibilidad”.

Un buen respaldo legal, aplaudido en general por el sector agrario, que no ve el momento en el que puedan dar por descontado que trabajan en el campo porque les gusta pero también porque les renta: vivir de sus producciones y no de las subvenciones, podría decirse.