El responsable olivar de COAG, Juan Luis Ávila, ha reclamado al Gobierno que esté vigilante para que la anunciada supresión del IVA del aceite de oliva llegue al consumidor, porque considera que "normalmente estos márgenes se suelen quedar en la distribución".
Así se ha referido a la confirmación del Ejecutivo de que a este alimento no se le aplicará el IVA desde el próximo mes de julio, según ha anunciado el Ministerio de Hacienda.
En un vídeocomunicado, Ávila ha señalado que esta medida les parece muy positiva al tratarse de un alimento que, además, "es una fuente de salud básica para la dieta mediterránea".
"Lo que sí pedimos al Gobierno es que esté muy vigilante con la aplicación de la medida", pues a veces "no llegan al consumidor y aquí lo lógico y lo sensato es que quien se beneficie de esta bajada sea el consumidor", ha abundado.
Además de la supresión del IVA para el aceite de oliva, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio, el Ministerio de Hacienda ha indicado que este producto va a quedar incluido en el grupo de bienes de primera necesidad que aplican el tipo superreducido de manera permanente, tales como el pan, los huevos, las verduras o las frutas.
Este grupo aplica un IVA superreducido (del 4 % en condiciones normales) en lugar de ubicarse en el grupo de bienes que aplica el IVA reducido (del 10 %).
Con lo cual, cuando deje de regir la supresión de IVA anunciada esta jornada para el aceite de oliva, este producto tributará al 4 % de IVA.
El aceite de olida sigue siendo el producto que más sube de la cesta de la compra: en mayo estaba un 62,8 % más caro que hace un año y desde enero de 2021 se ha encarecido un 198,5 %, es decir, que su precio se ha multiplicado casi por tres.
La supresión del IVA del aceite de oliva fue una de las medidas exigidas por Junts para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.
El presidente anunció el pasado 12 de junio la prórroga de la rebaja del IVA en alimentos básicos, por lo que esta nueva medida que afecta al aceite de oliva podría ir en el mismo decreto ley que deberá debatirse y aprobarse en el Congreso de los Diputados antes del 30 de junio, fecha en la que expira.
