La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) y la Asociación Española del Kaki (Aekaki) han reclamado este viernes a la Conselleria de Agricultura medidas para controlar las plagas y enfermedades en los cultivos del caqui, sobre todo la del 'cotonet', que ya causa 40 millones en pérdidas, según sus estimaciones.
Representantes de ambas organizaciones agrarias han mantenido una reunión con el secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, y otros representantes de la conselleria.
De los 40 millones de pérdidas cuantificados, 25 son causa directa de la producción perdida y 15 millones por los sobrecostes económicos entre campo y almacén.
En concreto, AVA-Asaja y Aekaki ya dan por perdidas en estos momentos entre 70.000 y 80.000 toneladas de caquis en la Comunitat Valenciana a causa de los ataques del cotonet, lo que representa una disminución del 20-25 "Esta situación insostenible en términos de viabilidad ya ha provocado casos de agricultores que han decidido abandonar el cultivo por este año al menos", señalan.
Ambas entidades coinciden en demandar al departamento agrario de la Generalitat Valenciana más fondos en la investigación y más agilidad en la puesta a disposición del sector de un mayor número de materias activas para combatir especialmente los cotonets, y también las moscas blancas y la mancha foliar del caqui; así como un plan de choque paralelo contra las poblaciones de hormigas que constituyen "el principal aliado del cotonet llegando a atacar a los insectos depredadores".
Asimismo, piden la implicación del Ministerio para avanzar en estas materias.
El pleno del Consell validó el pasado viernes la declaración de emergencia de suministro del organismo de control biológico 'Cryptolaemus Montrouzieri' para el control de la plaga de cotonet en la Comunidad Valenciana para la campaña 2021.
Las sueltas masivas del depredador se iniciaron hace unos días, y cubrirán un total de 2.000 hectáreas de cultivos afectados.
El suministro se adjudicó a la empresa Koppert Biological Systems por un importe total de 300.300 euros, ha informado la Generalitat.
