Desde 1 de enero ha comenzado a regir en España, de forma pionera en toda la Unión Europea (UE), el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables, que recaerá sobre toda la industria con un tipo impositivo de 0,45 euros por cada kilogramo de este material que fabrique o adquiera.
Se trata de una de las medidas fiscales que más han dado que hablar en los últimos meses, impulsada por el Gobierno para incentivar la economía circular y que depende de la ley de residuos y suelos contaminados aprobada el pasado mes de abril.
Su aplicación se produce apenas unos días después de que el Gobierno haya aprobado para su desarrollo el real decreto de envases y residuos de envases, que se deriva de la misma ley, y que tiene como objetivo lograr para 2030 una reducción del 20 "una responsabilidad ampliada del productor llevada a máximos".
La directora de Competitividad y Sostenibilidad de la patronal, Paloma Sánchez Pello, ha señalado que se trata de una inversión "inasumible" para algunos segmentos y una amenaza a la competitividad de muchas empresas, la mayoría pymes, y al empleo que generan.
En virtud de este real decreto, los productores que se vean afectados asumirán el coste total de la gestión de los residuos de envases bajo un régimen de responsabilidad ampliada.
Los comercios minoristas de alimentación cuya superficie sea igual o mayor a 400 metros cuadrados tendrán que destinar al menos el 20 % de su área de ventas a la oferta de productos presentados sin embalaje primario, incluida la venta a granel o mediante envases reutilizables.
Se establecerá también una bonificación para el productor cuando el producto cumpla criterios de eficiencia, o una penalización cuando incumpla estos criterios.
No obstante, la FIAB ha valorado que algunos aspectos de la normativa se haya flexibilizado respecto al texto original, una opinión que comparte Aurelio del Pino, el presidente de la patronal de supermercados ACES, que engloba Eroski, Alacampo, Carrefour y Supercor.
