Un total de 76 organizaciones civiles de la Unión Europea (UE) han emitido una declaración remitida al Parlamento, el Consejo y la Comisión ante las "deficiencias" del borrador de la futura ley de Estadísticas sobre Insumos y Productos Agrícolas por falta de datos sobre el uso real de pesticidas.
La norma actualmente está en proceso de elaboración y negociación en dichos organismos, y será "clave" porque de ella "dependerá" la información sobre el uso real de pesticidas en cada país de la UE, según ha asegurado en un comunicado la iniciativa Hogar sin tóxicos, una de las 76 entidades firmantes.
Es un asunto "especialmente relevante" para España ya que es el país europeo donde más pesticidas se venden, han afirmado al citar datos de Eurostat, que señala que de 2011 a 2020 las ventas de fungicidas y bactericidas se incrementaron de 31.343 a 37.916 toneladas; de herbicidas se pasó de 13.835 a 20.199 y de insecticidas y acaricidas fue de 8.062 a 8.165.
En relación con otros países europeos, en el mismo año 2020 en Italia se vendieron 31.644 toneladas de fungicidas y bactericidas y en Francia 28.001, una diferencia superior a 6.000 y a 11.000, respectivamente, comparadas con España.
El director de Hogar sin tóxicos, Carlos de Prada, ha afirmado que ante los cambios que propone este borrador no sería posible "verificar si su uso crece o decrece", porque "desconocer la situación real es como vivir con una venda en los ojos ante algo que representa un serio riesgo".
"Los únicos que se han venido beneficiando del descontrol existente son algunas grandes empresas que se lucran con la venta de cientos de miles de toneladas de estos venenos", continua De Prada, por lo que dicho desconocimiento "favorece" el uso de pesticidas de forma "desmedida".
Las organizaciones civiles reivindican que de aprobarse dicho borrador, habría que esperar hasta 2028 para contar con la primera recopilación anual de datos de uso en agricultura que deberían ofrecer las autoridades nacionales.
Por lo que reclaman que la Comisión cree un formato electrónico armonizado antes de que comience 2023 y piden la obligatoriedad para los gobiernos nacionales de que recopilen con periodicidad anual todos los datos de uso de pesticidas de los agricultores.
Respecto al derecho a la información del ciudadano, han defendido que es "imprescindible" que los datos sean de dominio público y que se den a conocer por sustancia activa, superficie tratada y por cultivo; además de considerar que hay "demasiadas excepciones potenciales" en el borrador que "podrían limitar indebidamente la información transmitida a Eurostat" sobre plaguicidas.
