El grupo de distribución alimentaria IFA pretende facturar cerca de 50.000 millones de euros y mantener su ritmo de crecimiento del 5 "España es el último reducto de las grandes compañías regionales", que deberían ser "una especie protegida", ha destacado Morales, defensor de un modelo basado en "la proximidad, los productos frescos -el 45 % de sus ventas- y la capacidad de elección del consumidor con un surtido amplio de productos".
En su opinión, el conjunto del sector "ambiciona" en estos momentos ese comercio local, que permite vertebrar la vida social en muchas poblaciones pequeñas, es clave para la economía y no se puede deslocalizar.
El director general de IFA ha expresado su apoyo a la innovación de los fabricantes, cuyas marcas representan casi el 80 % de las ventas del grupo, y ha reconocido que hay movimientos de concentración en la distribución, sin precisar cómo eso puede afectar a "un sistema fuerte de regionales robustos y centrales de compra capaces de seguir haciéndoles competitivos".
Sobre las protestas del campo, se ha pronunciado a favor de que el sector primario "gane dinero y sea sostenible económicamente", tras resaltar que "debe haber igualdad de condiciones para competir, sin desventajas competitivas por ser europeos".
Regulación "excesiva"
El presidente de EuroCommerce ha criticado que el sector de la distribución, que gana "dos céntimos por cada euro que vende", se vé "acuciado por una sobrerregulación injusta", para la que "poco se consulta a las compañías, que son parte de la solución".
Solo el año pasado hubo 1.040 nuevas regulaciones en la Unión Europea (UE), de las que la mitad fueron medioambientales, de acuerdo a los datos de Morales, quien ha citado entre las principales que impactan en el sector las relacionadas con la transparencia de la cadena, crisis energética, alimentos sostenibles, comercio, normas de competencia, mercado único y el paquete de sostenibilidad.
Sobre la propuesta comunitaria de reducir los plazos de pago a 30 días para las compañías, que ha rechazado una mayoría de países de la UE, ha afirmado que iba a suponer un "agujero" de 150.000 millones de euros y restar competitividad al mercado, afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
Morales ha remarcado que se trata de un sector "estratégico" con el que hay que trabajar para adaptar esas regulaciones, como las relativas a los gases fluorados, los envases y los plásticos.
Las compañías comerciales deberán invertir 600.000 millones de euros hasta 2030 para acometer cambios en sostenibilidad, digitalización y talento, con retos como la automatización de la mitad de las tareas en la distribución y la capacitación de unos 10 millones de empleados anualmente.
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha resaltado la importancia del comercio en España, que emplea a 2 millones de personas y representa el 13 % de la economía, mientras que el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha llamado a "intentar poner sentido común a las normas" frente al "acoso regulatorio" y el "clima hostil" hacia el mundo de la empresa.
