La patronal de supermercados pide a Planas clarificar el decreto a favor del campo

El real decreto aprobado por el Gobierno con medidas para aliviar la crisis del campo exige un ejercicio de clarificación a nivel técnico, según la patronal de supermercados Asedas, que ha defendido que los cambios no deben implicar un incremento de los precios al consumidor...

El real decreto aprobado por el Gobierno con medidas para aliviar la crisis del campo exige un ejercicio de clarificación a nivel técnico, según la patronal de supermercados Asedas, que ha defendido que los cambios no deben implicar un incremento de los precios al consumidor.

Desde Asedas -que agrupa a las cadenas Mercadona, DIA y a una decena de enseñas regionales- han valorado la actitud dialogante del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tras la reunión que mantuvo ayer con los representantes del sector.

"Los próximos pasos se dirigen a clarificar los aspectos técnicos del real decreto que requieren un ejercicio de interpretación jurídica para que no haya dudas al respecto y se apliquen por igual a lo largo de toda la cadena", han apuntado.

La patronal -cuyos socios cuentan con más de 19.000 tiendas, representan casi un 70 "sin que ello perjudique a los consumidores" al implicar una subida de los precios en el punto de venta.

En su opinión, el sector de la distribución debe ser "parte de la solución a los problemas" de los agricultores, y por ello han mostrado su disposición a "aplicar con la mayor celeridad" las medidas recogidas en el decreto.

En la reunión con Planas acudieron además de Asedas las asociaciones Anged (que representa al formato hipermercado) y ACES (a la que pertenecen Lidl y los supermercados de Carrefour, Eroski, Alcampo y El Corte Inglés).

El real decreto introduce varias novedades legislativas dirigidas a reforzar los mecanismos de control para evitar que los precios en origen que se pagan en el campo se sitúen por debajo de los costes de producción y evitar la "venta a pérdidas".

Una de las medidas aprobadas es obligar a abonar a los operadores "un precio igual o superior al coste de producción" del anterior eslabón, de forma que no se pueda comercializar a un precio inferior.

Para conseguirlo apuesta por la formalización de contratos y por calcular ese coste de producción en base a una serie de "factores objetivos"; es precisamente esta cuantificación la que más dudas despierta en el sector, a la espera de conocer más detalles sobre su aplicación práctica.

El ministro ya se ha reunido en las últimas semanas con otros representantes de la distribución, entre ellos Mercadona, Carrefour, DIA y Lidl.