Cooperativas Agro-alimentarias de España ha pedido un diálogo "inmediato de alto nivel" en la Unión Europea y en España para "abordar el reto medioambiental de la agricultura y de la ganadería".
Ante las movilizaciones del campo europeo, esta organización ha mostrado su solidaridad con los manifestantes por unas protestas que "muestran la situación de insostenibilidad presente y futura que va a llevarse por delante" al sector primario.
Las actuales movilizaciones "son el resultado de la frustración de una gran parte" del sector y de la "falta de diálogo" porque "ni la Comisión Europea, ni el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en España (...) han recibido al sector en los últimos cinco años".
Los cooperativistas creen que "se han limitado a imponer unos objetivos ambiciosos, sin estudios de impacto y sin conocimiento de la realidad productiva ni de los mercados, sin evidencia científica, sin proponer los medios necesarios para conseguirlos y sin establecer un ritmo de progresión coherente y factible".
Además, la nueva PAC, "con menos presupuesto y ayudas", exige la adopción de medidas medioambientales y una burocracia "inabordable" que los productores "no pueden implantar a corto plazo, especialmente cuando está sufriendo el impacto del cambio climático y años de sequía".
A ello se suma que el mercado y los consumidores "no remuneran ni remunerarán los esfuerzos por alcanzar una mayor sostenibilidad medioambiental", según han mantenido.
Existe una "clara incoherencia entre los estrictos requisitos exigidos a toda la producción europea frente a las importaciones de terceros países que provocan una desigualdad competitiva", según el punto de vista de Cooperativas Agro-alimentarias.
El resultado de todo esto es una cadena agroalimentaria "sin valor" y unos productores "sin rentabilidad, sin relevo generacional y abocados al abandono, con consecuencias en el medio ambiente y en el territorio, ya visibles en la España vaciada".
Por otro lado, han pedido a la Comisión Europea y al Gobierno de España que garantice la libre circulación de mercancías y proteja el mercado europeo de los actos "vandálicos" que se producen en la frontera francesa.
