El pleno del Senado ha aprobado una moción en la que pide al Gobierno simplificación y una mejora del sistema de protección de los trabajadores eventuales del campo en Andalucía y Extremadura.
Los senadores han respaldado, sin ningún voto en contra y con 19 abstenciones, una iniciativa presentada por el Grupo Socialista y transaccionada con los demás grupos parlamentarios, con el objetivo de simplificar y fusionar el sistema de ayuda a los jornaleros andaluces y extremeños, ahora basado en dos clases de apoyos.
El socialista Juan Espadas ha explicado, durante la defensa de la moción, que actualmente conviven dos modelos de protección asistencial (no contributiva) para los jornaleros, uno de ellos el subsidio agrario para residentes en Andalucía y Extremadura (1984).
El segundo, la renta agraria, se creó en 2003 como prestación dirigida a los jornaleros que quedaron excluidos del subsidio agrario por lo que Espadas ha calificado como "duros requisitos impuestos por el Gobierno del PP en 2002".
En el primer caso, las personas que tengan hasta 35 años y con responsabilidades familiares pueden completar las 35 jornadas exigidas para cobrar una prestación con las cotizaciones del AEPSA ("antiguo PER").
Pero para la renta agraria no se computan dichas peonadas.
Además, los perceptores del subsidio agrario mayores de 52 años tienen acceso a la prestación sin necesidad de las peonadas pero los perceptores de la renta agraria las deben realizar hasta su jubilación y a veces en condiciones muy penosas para su edad.
El Senado ha solicitado que se equiparen los derechos de los perceptores de los subsidios agrarios y de la renta agraria en Andalucía y en Extremadura y también el cómputo de los jornales.
Espadas ha asegurado que al igualar la renta agraria al subsidio agrario se mejora la protección a todos los trabajadores eventuales del campo, se simplifica su acceso a las prestaciones y se atiende a las condiciones reales de la agricultura, cada vez más mecanizada y menos necesitada de mano de obra.
El Gobierno ha rebajado, hasta el 30 de junio de 2023, las jornadas necesarias para acceder a cualquiera de estas dos prestaciones, que pasan de 35 a diez.
Los grupos popular (PP), Izquierda Confederal y el Mixto (Vox) han presentado enmiendas que han sido rechazadas por los ponentes.
Por su parte, José Antonio Robles (PP) ha detallado que su enmienda iba encaminada a apuntar más a la responsabilidad de los ministerios implicados y al Gobierno central en la mejora de la protección de los jornaleros.
Robles ha acusado al PSOE de presentar la iniciativa, que responde a una "vieja reivindicación", cuando faltan "59 días para las elecciones municipales".
La enmienda de Izquierda Confederal, defendida por Carles Mulet (Compromís), planteaba que se beneficien de ese apoyo los jornaleros otros "territorios" en lo que los eventuales no tienen el subsidio de los andaluces y los extremeños y "ninguna ayuda", con especial atención del senador a los de la Comunidad Valenciana.
