El sector porcino continua al alza y en estos primeros seis meses del año ha aumentado el margen de beneficio hasta los 44 euros por cerdo sacrificado, más de tres euros de incremento en relación a los datos de diciembre de 2023, según Unión de Uniones.
Los responsables de la organización agraria Unió de Pagesos (UP) han celebrado ese jueves en rueda de prensa estos resultados económicos, que valoran como positivos y que, a escala nacional, ha compartido también Unión de Uniones en un comunicado.
El precio del cerdo en Mercolleida, la lonja de referencia en Cataluña, ha alcanzado un promedio durante el primer semestre de 1,75 euros por kilo de cerdo, una cifra que, pese a estar dos céntimos por debajo del último balance semestral, se ha podido compensar con la bajada de los costes de producción (1,35 euros por kilo).
Teniendo en cuenta que Cataluña arrojó el año pasado una cifra total de 22 millones de cerdos sacrificados, si se mantiene este margen de beneficios, a finales de año el sector porcino habrá alcanzado unos beneficios netos de casi mil millones de euros.
"Pero este beneficio es exclusivamente para el auténtico propietario de los animales", ha puntualizado el responsable del porcino en UP y responsable sectorial estatal de Unión de Uniones, Rossend Saltiveri.
Ha recordado que el 80 % de los granjeros catalanes trabajan integrados dentro de grandes grupos empresariales, que son los que compran y venden los animales.
Según el balance semestral de UP, las exportaciones han caído levemente hasta el 1,8 % del total, aunque el sector reconoce que la bajada se ha podido paliar de momento con las transacciones dentro del mercado europeo.
Aunque China sigue siendo la principal importadora de cerdos españoles, el sector muestra mucha preocupación por el estudio del Gobierno chino de imponer aranceles al puerco como moneda de cambio contra los planes de la Comisión Europea de subir los aranceles a los coches eléctricos importados desde el gigante asiático.
Pese a la satisfacción en el plano económico, el sector porcino catalán persiste en su preocupación ante las imposiciones normativas en materia de bienestar animal, que implican según ellos mayores gastos y un incremento de la gestión administrativa.
