Las organizaciones nacionales de cooperativas de siete países de la Unión Europea (UE) -España, Francia, Italia, Alemania, Polonia, Grecia y Bélgica- han diseñado una propuesta conjunta de cara a la Política Agrícola Común (PAC) post 2020 y el futuro del régimen de ayudas hortofrutícolas.
En un comunicado, fuentes de Cooperativas Agroalimentarias de España han resumido los aspectos centrales de la propuesta consensuada, que pasa por "mantener, mejorar y asegurar" el régimen de ayudas del sector de frutas y hortalizas con el futuro marco de la PAC.
"El régimen actual de ayudas comunitarias sigue siendo el más apropiado", han afirmado, sobre todo porque es finalista -la ayuda es proporcional al valor de la producción comercializada (VPC)-, adaptada a los retos del sector, proporciona garantías, es eficaz y se presupuesto es mínimo y cofinanciado.
Han calificado a las organizaciones de productores (OP) como la "piedra angular" del régimen de ayudas hortofrutícolas, de las que debe mantenerse su definición y continuar siendo actores realmente económicos que ponen en el mercado los productos de sus miembros, han subrayado.
De cara a la futura PAC y el régimen de ayudas hortofrutícolas, han propuesto mejorar la cofinanciación de los fondos operativos de las OP hasta el 60 % con la introducción de un sistema de bonificación en función del grado de dimensión, desarrollo y nivel de cooperación.
También han defendido impulsar la elegibilidad y la cofinanciación de ciertas acciones relacionadas con la internacionalización, investigación e innovación, comercialización, producción ecológica, gestión de crisis, costes de PO transaccionales o intercambio de información.
Las cooperativas de frutas y hortalizas europeas consideran clave las acciones relativas a los costes de personal de las OP y apuestan porque se dé la máxima flexibilidad para su elección.
También apuestan porque se considere como medida medioambiental las inversiones o gastos que generen un impacto positivo en el entorno aunque no conlleven un coste específico y que se incluya entre las acciones elegibles las inversiones o gastos de las OP ligadas a la sostenibilidad a lo largo de la cadena.
En cuanto a la prevención y gestión de crisis, este sector quiere que se mejore la colaboración con las organizaciones caritativas para promover la distribución gratuita de las frutas y hortalizas retiradas del mercado y evitar el desperdicio alimentario.
Además, apoyan que sean similares los costes para transformar y el gasto para la confección y envasado en fresco para productos retirados con destino a su distribución gratuita.
Las organizaciones cooperativistas están a la espera de que una normativa especifique la aplicación del Reglamento Ómnibus, que entre en vigor en la UE a primeros de enero y que se incremente la eficiencia del control y las auditorías de las ayudas.
