La organización agraria Asaja ha manifestado que la ganadería es la "primera gran víctima" de la normativa transitoria de la Política Agrícola Común (PAC) aprobada por el Gobierno español para 2021 y 2022.
En una reunión telemática, su Comité Ejecutivo Nacional ha analizado el citado Real Decreto y ha asegurado que, "entre las repercusiones más graves que se ponen de manifiesto", está la situación en la que queda la ganadería, en especial los productores de vacuno de carne en extensivo, los ganaderos de leche y los sectores de ovino y caprino.
De acuerdo a los datos de la organización agraria, la media de las ayudas que reciben estos ganaderos pueden verse recortada entre el 14 y el 18 por ciento.
La aplicación de los criterios de convergencia, "diseñados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), son especialmente lesivos para las explotaciones mixtas (agricultura y ganadería)", han asegurado fuentes de Asaja.
Según la organización agraria, supondrá un "auténtico mazazo" para "buena parte" de sus economías, ya que "en muchos casos verán perder su rentabilidad y se verán abocados al cierre de las explotaciones".
Esto afectará "tanto a un productor de vacuno extensivo de Cádiz, que perderán hasta un 20", ha cita como ejemplo.
La organización ha apuntado que se puede llegar a estas reducciones, o incluso mayores, en explotaciones con derechos especiales (ayudas no ligadas a la superficie) si se concentran en un número reducido de hectáreas o por la aplicación del coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP) en la delimitación de las hectáreas elegibles a Pago Básico.
A su juicio, puede ser "especialmente sangrante" el caso de jóvenes agricultores que se han incorporado comprando derechos disponibles con valores elevados y "que han visto frustrada su inversión como consecuencia de la aplicación de estos índices de convergencia".
Asaja ve necesario que "se reconduzca" el Real Decreto para dar continuidad a una convergencia interna, "mucho más moderada y ya conocida por los propios beneficiarios".
De cara a la reforma de 2023, el Ministerio "también debería plantear medidas tendentes a compensar las reducciones de los pagos directos con mecanismos previstos, como son los ecoesquemas adaptados a los sectores afectados".
