Andalucía propone una revisión de las ayudas asociadas de la PAC para incluir el olivar en pendiente, la uva pasa y el trigo duro

La Junta de Andalucía ha enviado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente una propuesta de revisión del reparto de los recursos de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2014-2020. El Ejecutivo autonómico solicita que el Gobierno de España "corrija el error" de no haber incluido al olivar en pendiente, la uva pasa y el trigo duro en el régimen de las denominadas 'ayudas asociadas', aquellas que priman la producción en cultivos con especiales dificultades y cuyo mantenimiento se considera estratégico por motivos económicos, sociales y medioambientales...

La Junta de Andalucía ha enviado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente una propuesta de revisión del reparto de los recursos de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2014-2020. El Ejecutivo autonómico solicita que el Gobierno de España "corrija el error" de no haber incluido al olivar en pendiente, la uva pasa y el trigo duro en el régimen de las denominadas 'ayudas asociadas', aquellas que priman la producción en cultivos con especiales dificultades y cuyo mantenimiento se considera estratégico por motivos económicos, sociales y medioambientales.

Así lo autorizó el Consejo de Gobierrno, que recordó que la aplicación en España del nuevo modelo de ayudas asociadas excluye a estos sectores de gran importancia social y económica en la comunidad (el olivar en pendiente suma casi 400.000 hectáreas, el 76"lo que hace imposible el empleo de medios mecánicos y la práctica de agricultura intensiva", según indicaron desde la Junta de Andalucía. 

La superficie de las plantaciones es ahora casi la mitad que hace diez años, con 1.275 hectáreas concentradas en las comarcas malagueñas de La Axarquía y Manilva, donde la vid es el principal freno a la desertización. La producción está amparada por la Denominación de Origen Protegida Pasas de Málaga.

Con el mismo objetivo de evitar el abandono del cultivo y el riesgo de deslocalización de su industria asociada, para el trigo duro se propone una prima de 40 euros por hectárea y modulada al 50% a partir de las primeras 50 hectáreas.

En relación con los sectores que cuentan con una ayuda asociada en la nueva PAC, la propuesta plantea una serie de mejoras que tengan en cuenta las peculiaridades de la producción andaluza. Destaca el caso de la remolacha de siembra otoñal, para la que se pide incrementar en casi 1.000 hectáreas la superficie máxima admisible y elevar a 535 euros por hectárea el importe unitario de la ayuda, pues su diseño actual parte de extensiones inferiores a las medias sembradas en la comunidad autónoma y de unos costes menores a los reales.

Tampoco el actual diseño diferencia entre las nuevas plantaciones de frutos de cáscara, con buenas condiciones de suelo y en regadío, de las tradicionales en secano y alta pendiente. Para evitar el consiguiente riesgo de abandono, la Junta plantea una ayuda diferenciada con un importe unitario equiparable al establecido para los territorios insulares, es decir, que sea un 36% superior al de la zona peninsular.

SECTOR GANADERO

En el sector ganadero, se propone un incremento global de 5,69 millones de euros en la ayuda unitaria al caprino con el fin de compensar sus márgenes negativos, superiores a los considerados por el Ministerio en el actual modelo, y que se están viendo agravados por la continua caída del precio de la leche (factor este que tampoco ha sido considerado en el diseño de los incentivos). 

Para el vacuno de leche de zonas desfavorecidas o con limitaciones naturales, el principal elemento de revisión se orienta a que la actual prima unitaria para las 75 primeras vacas se mantenga hasta las 150, con el fin de reforzar el apoyo a las medianas explotaciones.

El reglamento de la PAC prevé que los estados puedan hacer una revisión de las ayudas asociadas y comunicarlas a la Comisión Europea antes del 1 de agosto de 2016. En el caso de España, la Conferencia Sectorial celebrada en enero de 2014 acordó que se realizaría antes del 1 de julio, pero el Ministerio aún no ha convocado la reunión de este órgano que debe estudiarla.