Cinco detenidos en Valladolid en trama agraria que defraudó 225.000 euros a la Seguridad Social

Cinco personas, con vinculación familiar, han sido detenidas en Valladolid por formar parte una trama empresarial criminal continuada en el tiempo en el sector de la intermediación agraria, que defraudó 225.000 euros a la Seguridad Social.

Se les imputan además delitos contra los derechos laborales y falsedad documental, al contar con 29 trabajadores extranjeros "sin papeles", según ha detallado la Policía Nacional en un comunicado.

Los detenidos en la "operación Aladín" llevaban cuatro años con el mismo modo de operar, mediante un entramado de empresas que se sucedía en el tiempo, y que cuando no figuraban como empresarios prestaban servicios como trabajadores por cuenta ajena en su propia red empresarial.

El entramado se dedicaba a la intermediación agraria ya que proporcionaban a los agricultores mano de obra para trabajar en el campo en la vendimia, recogida de patata o poda en seco, entre otras labores.

Los trabajadores eran seleccionados y dados de alta en la Seguridad Social por la empresa intermediaria, quien al finalizar los servicios emitía una factura al agricultor, su cliente, si bien, las obligaciones de cuotas por disponer de empleados no eran cubiertas acumulando así una deuda importante mes a mes.

Las empresas unipersonales se fueron encadenando para que cuando se les exigía el estar al corriente de pago de la Seguridad Social, otro miembro del grupo entraba en juego con una nueva empresa a su nombre, idéntica actividad, clientes y trabajadores, aunque ya "limpia" de deuda, han indicado las mismas fuentes.

Además, la investigación ha detectado que las empresas contaron de manera reiterada con trabajadores sin autorización de residencia y trabajo en España, recurriendo también a la utilización de mecanismos fraudulentos en la filiación e identificación de 29 trabajadores en las actuaciones inspectoras, aportando identidades fraudulentas con el ánimo de hacer pasar a sus trabajadores "sin papeles" por trabajadores con autorización de residencia y trabajo en España.

La organización operaba principalmente en la provincia de Valladolid aunque en ocasiones expandieron su actividad a otras provincias limítrofes como Segovia.

Los descubiertos de cuotas de la Seguridad Social del conjunto de empresas ascienden a más de 225.000 euros.

Ello, al margen de otras cantidades debidas en concepto de deudas también generadas por los titulares de las empresas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, sanciones propuestas por infracciones a normas en materia de Seguridad Social y desempleo e infracciones en materia de extranjería, y de los 120.000 euros por una sanción de obstrucción a la labor inspectora al no identificar a un total de 29 trabajadores extranjeros.