Fundación Ingenio defiende solucionar el Mar Menor desde el consenso científico

"Después de seis años necesitamos el punto de inflexión del consenso, de la negociación, para solucionar el problema del Mar Menor; que los científicos lleguen a un mínimo de acuerdo y las administraciones y los técnicos lo acepten".

Así lo defiende el ingeniero agrónomo Pedro Fernández, miembro del grupo de Agroingenieros por el Mar Menor, en un diálogo sobre la situación del Mar Menor con Natalia Corbalán (CEO de Fundación Ingenio, que agrupa a 45 cooperativas y empresas agrícolas del Campo de Cartagena) y Efeagro.

En 2016, se produjo el primer episodio de anoxia (falta de oxígeno) y la consecuente mortandad de peces en la que es una de las mayores lagunas litorales del Mediterráneo, situada en la Región de Murcia.

En su origen, según asegura Corbalán, "un cúmulo de circunstancias arrastradas a lo largo de décadas", entre las que cita el contexto regulatorio sobre urbanismo y turismo, la instalación de 10 puertos deportivos, la minería y la agricultura, especialmente señalada esta última por los ambientalistas que ponen el foco en el aumento de la superficie de regadío.

A su juicio, "han utilizado la producción agrícola que es un cofactor para responsabilizarla y mostrarla como culpable a la sociedad" y los políticos "están utilizando el Mar Menor como arma arrojadiza para desgaste mutuo".

Según explica Pedro Fernández, cuando entra el agua del trasvase Tajo-Segura (que impulsa la producción de regadío) y se deja de extraer agua del acuífero cambian las relaciones hidrológicas entre éste y la laguna, a la que llegan nitratos (origen principalmente agrícola), nitrógeno y fosfatos (aguas residuales) y salmuera (desalación).

Ambos insisten en que el sector agrícola del Campo de Cartagena es ecológico en un 25"parte de la solución", pero no la única.

"El problema es que están implicados tres niveles de administración público implicados; Estado, comunidad autónoma y ayuntamientos", afirma Natalia Corbalán, y tienen que "reconocer su responsabilidad y hacer lo que tienen que hacer, y que no atañe al sector agrícola".

En este sentido, Fernández defiende que se actúe frente a nutrientes como el amonio o el fósforo, que también colaboran en el crecimiento del fitoplancton, y propone la autorización de extracción de agua del acuífero a través de pozos legales, de forma que baje su nivel y reducir su entrada en la laguna.

"Al bajar el acuífero las aguas se mezclarían con otras de mejor calidad, del trasvase, y se deprimiría el acuífero y se reduciría la llegada a la laguna", propone el ingeniero agrónomo, quien apuesta por una solución de economía circular y reutilizar ese nitrato diluido por los agricultores, gracias a las nuevas tecnologías.

De acuerdo a su criterio, "cuánta más agua seamos capaces de extraer con criterios hidrogeológicos, más rápidamente se recupera; la única manera de ganar tiempo para todos los sectores, incluido el urbanístico, es deprimir el acuífero".

Desde la Fundación aseguran que han contactado con las distintas administraciones y representantes de los demás sectores afectados por la situación del Mar Menor (como el turístico), y Corbalán defiende el papel de la sociedad civil para solucionar el problema.

"Hay que restablecer el equilibrio de este espacio único", insiste, "sentarnos todos de una vez y demostrar que esto se puede solucionar sin perder soberanía y seguridad alimentaria; queremos soluciones".

Según los datos de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, el Mar Menor ha recibido ya más aportes de agua dulce contaminada por la rambla del Albujón y mayor cantidad de fósforo y nitrógeno que en todo 2021, y se han retirado ya 5.900 toneladas de algas, que son fruto del efecto de dichos contaminantes y el aumento de la temperatura del agua.