La Audiencia Nacional admite una querella de regantes de Castilla-La Mancha contra el uso irregular de fondos

La Audiencia Nacional ha admitido una querella por la posible malversación de 1.200 millones de euros de fondos públicos destinados a la gestión de aguas subterráneas del Alto Guadiana, ha señalado la comunidad de los regantes de Rus-Valdelobos.

Los regantes de esa comunidad, con sede en San Clemente (Cuenca), interpusieron el pasado 31 de diciembre una querella criminal por un posible uso fraudulento de fondos europeos por parte de responsables políticos, funcionarios y altos cargos de la Administración estatal y autonómica.

Denunciaron así la gestión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en coordinación con el Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

Tras el auto de apertura de diligencias dictado por la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción asumió el pasado 3 de febrero la competencia para investigar el caso por la posible comisión de los delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y desobediencia a la autoridad judicial.

La comunidad de regantes ha acusado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana del uso irregular de los fondos públicos recibidos para la gestión de las masas de agua subterráneas del Alto Guadiana y particularmente de Rus-Valdelobos, lo que ha "aumentado la presión sobre los acuíferos y sus ecosistemas".

También ha denunciado una posible malversación de fondos europeos en la compra de derechos del agua en el Alto Guadiana, además de supuestas irregularidades en contratos públicos y en el proyecto de la tubería de la Llanura Manchega y el ramal de abastecimiento a los núcleos inmediatos al acueducto Tajo-Segura.

La querella incluye, entre otros aspectos, la posible gestión irregular de fondos europeos destinados al plan de humedales del Alto Guadiana entre 1992 y 2007 por más de 300 millones de euros, han asegurado los regantes en un comunicado. 

QUERELLA BASADA EN "INFUNDIOS"

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha dicho que la querella de la comunidad de los regantes de Rus-Valdelobos que ha admitido la Audiencia Nacional por la posible malversación de 1.200 millones de euros de fondos públicos destinados a la gestión de aguas subterráneas del Alto Guadiana, "está basada en infundios" y es "muy injusta".

La portavoz, en una rueda de prensa, ha respondido a preguntas de los periodistas sobre la citada querella criminal interpuesta por los regantes de esa comunidad, con sede en San Clemente (Cuenca), el pasado 31 de diciembre, por un posible uso fraudulento de fondos europeos por parte de responsables políticos, funcionarios y altos cargos de la Administración estatal y autonómica.

Blanca Fernández ha dicho que la Audiencia Nacional "está en la obligación de admitir todas las querellas salvo que sea muy evidente que es un infundio".

Y -ha continuado- esta querella "está basada en infundios, porque precisamente se ataca a las administraciones que han apostado por que el Guadiana sea preservado" y que también "tengan un presente los agricultores de esa zona".

Una querella que se dirige precisamente "a quien hizo todo lo posible por intentar que se legalizasen los pozos en la medida en que había disponibilidad de agua, y comprar agua en la medida que se ponían a disposición esos recursos hídricos con concesiones históricas que si no se compran no se pueden expropiar", ha indicado la portavoz de la Junta, para quien se trató de "una serie de medidas que lo que hicieron fue intentar favorecer al mundo agrario de Castilla-La Mancha y de manera muy singular en el Alto Guadiana".

"Nos parece una querella muy injusta que va a quedar en nada absolutamente", ha asegurado, pero que, según ha reconocido, "dificulta mucho la tarea a la hora de irte ahora a hablar con el Gobierno de España a pedirles que hay que legalizar los pozos del Alto Guadiana, de centenares de agricultores que están sufriendo esa situación de alegalidad y de precariedad que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere resolver".

"No sé si esta querella tendrá fines electorales o no, porque a semanas de las elecciones parece extraño que se ponga una querella de estas características, pero sobre todo da mucho que pensar en cómo nos debilita como comunidad autónoma a la hora de reivindicar que queremos legalizar esos pozos de esa gente que se quedó colgada de la brocha por el recorte en el Plan Especial del Alto Guadiana y la eliminación del Consorcio que tantos esfuerzos hizo por darle un poquito de dignidad y legalidad a los hombres y mujeres que viven del campo", ha señalado Fernández.

La portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha manifestado que la querella no les preocupa "de fondo" porque entienden que "no hay de fondo ningún asunto que nos deba preocupar, pero sí que nos parece muy injusto y lamentable, a estas alturas de la vida y tantos años después, tener que afrontar una situación de estas características".

"Es triste", ha dicho Blanca Fernández, quien ha manifestado su "máxima solidaridad con las personas que están en la querellas porque son personas honradas a carta cabal que lo que hicieron fue luchar con uñas y dientes por los intereses del campo castellano-manchego", ha asegurado.