¿Por qué sancionan a las empresas alimentarias?

El cambio de paradigma en las relaciones comerciales que persigue la ley de la cadena alimentaria que se reformó hace ahora 14 meses está detrás de las sanciones, públicas por primera vez en diez años, a empresas que ahora están obligadas por norma a cambiar su 'modus operandi'.

Desde su entrada en vigor se acumulan casi catorce millones de euros en sanciones, con la distribución comercial como principal operador sancionado, pues los mayoristas y minoristas acumulan prácticamente el 80 "venta a resultas", esto es, que los vendedores entregan la mercancía a unos compradores sin conocer el precio y, cuando el comprador consigue vender el producto a un tercero, éste liquida al primer vendedor.

En otras palabras, se paga al proveedor inicial en función del precio por el que luego se vende, lo que supone un importante desequibrio en las relaciones comerciales.

Para avanzar en esta transparencia, desde organizaciones agrarias como COAG se viene reclamando con ahínco otra de las medidas que prevé la norma: la publicación actualizada de los estudios de cadena pendientes y publicación de índices de referencia de precios, una de sus funciones recogidas por la Ley desde hace una década.

UN PASO MÁS: LOS CONTRATOS OBLIGATORIOS Y REGISTRADOS

Cuando aún hay empresas que trabajan sin contratos y son sancionadas en firme por ello, la ley va a dar un nuevo apretón con la obligación de registrar todos los contratos que se realicen con productores u organizaciones de productores.

De momento este registro, que será sólo lo que el ministro ha llamado un "repositorio de documentos", funciona de manera voluntaria, pero a partir del 1 de julio será obligatorio.

Los millones en sanciones y la transparencia que ha llevado a hacer públicas las firmas que han sido sancionadas, son las armas para hacer frente a la resistencia a cambiar unas relaciones comerciales que están, ahora más que nunca en este contexto de inflación, vigiladas al detalle.