Galicia es la única CC.AA en la que todos los beneficiarios de la PAC 2023 cotizan en la Seguridad Social Agraria

Galicia es la única comunidad autónoma en la que todas las personas beneficiarias de la PAC 2023 son cotizantes de la Seguridad Social Agraria, según la Federación Rural Galega (Fruga). En el resto de comunidades autónomas las personas beneficiarias incumplen esta condición, siendo una de las cosas para ser considerado agricultor activo.

El Fondo Español de Garantía Agrícola (FEGA) ha ofrecido recientemente una información en la que relaciona el número de personas cotizantes a Seguridad Social Agraria, porque ha estado dado de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) o en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA), con el número de solicitantes de las ayudas de la PAC correspondiente a la campaña 2023. 

El Real Decreto 1048/2022 de 27 de diciembre de 2022 establece la normativa básica de las intervenciones en forma de pagos directos, aplicable para el período 2023-2027, y en el que se determinan los requisitos comunes para tener derecho al cobro de las ayudas de pagos directos de la PAC, y dentro de ellos quien ostenta la calidad de beneficiario.

El artículo 4 precisa los requisitos comunes para tener la condición de beneficiario/a al cobro de las intervenciones en forma de pagos directos para lo cual es necesario ser agricultor o agricultora activa. Es decir ser titular de una explotación agraria situada en el Estado español y además cumplir una de las siguientes condiciones:

a) Los ingresos agrarios superen el 25"gran controversia" fue quién debería tener derecho a cobro de las ayudas de la PAC, pero "no resuelto adecuadamente a nuestro entender".

Así, desde la Federación Rural Gallega indiucaron que "siempre defendemos que las ayudas de la PAC tendrían que ser cobradas por las personas que se dedican a la actividad agraria profesionalmente, y lógicamente se entiende que toda persona que figura de alta en la seguridad social agraria cumple esta condición".

El FEGA especifica que solo el 41,57% de los solicitantes de la PAC 2023 tienen la condición de cotizantes a la Seguridad Social Agraria, siendo el caso mas extremo el de Castilla-La Mancha en el que apenas el 25,12% cumplen esta condición, es decir que de las 97.013 personas solicitantes 24.374 están dadas de alta como cotizantes agrarias. 

En situación parecida se encuentra Andalucía, donde de las 219.523 solicitantes tan sólo 60.217 cotizan en la agraria, esto es el 27,43%. Ligeramente por  encima del 30% se encuentran la Comunidad Valenciana y Extremadura. 

Galicia es el único caso en el que se da que hay mas personas cotizantes que solicitantes. Siendo el número de cotizantes de 24.511 y de solicitantes 24.395, esto significa en términos porcentuales el 100,48%. 

Fruga aclara que este situación que tiene su explicación porque la mayoría de las explotaciones agropecuarias gallegas son de carácter familiar, donde mayoritariamente, si la explotación esta regida por una pareja sin hijos o están en edad escolar o trabajando en la explotación, lo más normal es que estén los dos dados de alta y la solicitud se haga a nombre de una de ellas. Lo mismo se dan casos de tres cotizantes por explotación: el matrimonio con un hijo o hija incorporada, situación que no se da en el resto del Estado español, solo en las comunidades del arco cantábrico.

Desde la Fruga reclaman que por parte de las Administraciones públicas "se corrija esta anomalía". Para ello, piden que el gobierno gallego inicie las conversaciones necesarias ante el Gobierno español para cambiar las condiciones para definir apropiadamente la figura de la persona que se ha beneficiado del cobro de los pagos directos de la PAC, recayendo exclusivamente sobre todas aquellas personas que puedan demostrar su condición de agricultor o agricultora a título principal, profesional o activo agrario mediante el alta en la Seguridad Social Agraria. 

De esta manera, un total de 636.669 solicitantes de la PAC y que no acreditan estar dados de alta en la Agraria quedarían excluidos, "dándose la posibilidad de acrecentar los importes a cobrar por parte de las personas que sí demuestran su condición de profesionales del sector agropecuario", concluye la Fruga.