Aprobado el Decreto que regula los cotos intensivos de caza en la Región de Murcia

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se regulan los cotos intensivos de caza en la Región de Murcia, como desarrollo de la Ley de Caza y Pesca Fluvial...

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se regulan los cotos intensivos de caza en la Región de Murcia, como desarrollo de la Ley de Caza y Pesca Fluvial, tras ser sometido a información pública y haber sido informado favorablemente por el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente, el Consejo Económico y Social, los Servicios Jurídicos y el Consejo Jurídico de la Región de Murcia.

La citada Ley define los cotos intensivos de caza y determina los aspectos que pueden regularse reglamentariamente, entre los que se encuentran las condiciones para el desarrollo de la actividad y, en especial, las referentes a períodos de caza, controles genéticos y sanitarios, requisitos para realizar sueltas, frecuencia y, en su caso, marcado de las piezas.

El decreto era particularmente necesario para regular los cotos intensivos. Para evitar su proliferación, se obliga a que haya una actividad empresarial con facturación, a diferencia de los cotos privados. Además, se limitan las distancias mínimas a nidos, senderos y poblaciones, y deben someterse a una evaluación de repercusiones para no afectar a la Red Natura 2000.

La Ley en la que se enmarca el nuevo decreto regula también las especies, períodos en los que se puede cazar y modalidades, exige memoria de resultados para justificar la actividad y describe cómo se ha de realizar la expedición, el marcado y la suelta de piezas de caza, así como el traslado y comercialización de las piezas cazadas.

Además, para evitar accidentes, se tendrá que concienciar sobre normas de seguridad y se llevarán a cabo medidas de prevención contra incendios, además de respetar y cuidar el medio, así como la flora y fauna protegida, según informaron fuentes del Ejecutivo murciano.

La caza tiene una gran repercusión social y su gestión y práctica ordenada garantiza la defensa del patrimonio natural y el fomento de los recursos renovables objeto de caza, además de constituir una actividad potencialmente económica generadora de empleo y rentas en el medio rural.