Piden la creación de un Certificado Europeo de Calidad y Seguridad Alimentaria

La Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas (AIVE) ha pedido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que impulse la creación en la UE de un certificado europeo de calidad y seguridad alimentaria para mejorar la situación actual del sector primario.

El presidente de esta asociación, Lorenzo Delgado, ha defendido este viernes en un comunicado esta propuesta y ha señalado que este certificado debería ser de obligado cumplimiento para los países terceros que comercialicen productos agroalimentarios en la Unión Europea.

Esta medida incluiría inspectores europeos controlando las entradas y el pago de dicha certificación a cargo de las empresas de fuera de la UE que quieran vender sus productos en Europa, y con este certificado se comprobaría que en estos países se cumplan las mismas condiciones laborales y de sanidad vegetal que en el ámbito europeo, ha explicado Delgado.

Otra propuesta que la AIVE ha trasladado al Gobierno de España es el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria por parte de todos los eslabones, ya que en la actualidad supone un agravio comparativo para pequeñas y medianas empresas, al ser las únicas a las que se le exigen su cumplimiento, quedando exentas las cooperativas agroalimentarias.

Para ello, pide control y sanciones por abusos para los grupos de distribución que incrementan sus beneficios a costa de los productores, con incrementos de hasta el 200 por ciento entre el precio en origen y el final.

Además, la AIVE plantea que se proteja al sector productor alimentario en su conjunto (agricultores, ganaderos, pescadores, transportistas, empresas de transformación, conserveras…) con la bajada de impuestos de energía y carburantes.

Respecto a la burocracia actual en el sector primario, Lorenzo Delgado ha considerado que "se veía venir que esta situación era insostenible", por lo ha pedido que las tramitaciones se adapten a la realidad de las explotaciones, al tiempo que ha demandado una Política Agraria Común (PAC) adaptada a cada país y a cada comunidad autónoma, debido a la diversidad de los Estados miembros y sus regiones.

Y en materia hídrica, ha rechazado la mala gestión del agua, y a reclamado que se hagan nuevos estudios rigurosos sobre la cantidad que se vierte al mar, así como inversiones similares a las destinadas a autovías, aeropuertos o líneas férreas y la puesta en marcha de un plan nacional del agua.