España, el país más beneficiado por las ayudas de la UE a la apicultura entre 2013 y 2015

España fue el país de la Unión Europea (UE) que recibió un mayor porcentaje del presupuesto comunitario para programas nacionales de apicultura entre 2013 y 2015, según un informe publicado por la Comisión Europea (CE). En concreto, España obtuvo un 16 % de los 33 millones de euros que esta iniciativa destina a la mejora de las condiciones de las colmenas de abejas y los productos derivados de estas en todos los Estados miembros, por delante de países como Francia, que recibe un 11 %, y Rumanía, con un 10 %...

España fue el país de la Unión Europea (UE) que recibió un mayor porcentaje del presupuesto comunitario para programas nacionales de apicultura entre 2013 y 2015, según un informe publicado por la Comisión Europea (CE). En concreto, España obtuvo un 16 "esenciales" para la agricultura y el medio ambiente.


Además de asegurar la reproducción de las plantas mediante la polinización, el mantenimiento de colmenas facilita el desarrollo de áreas rurales y permite producir miel, polen, jalea real y cera de abeja.


Según el documento, las colmenas de abejas aumentaron su presencia en los países de la UE hasta alcanzar un total de 15,7 millones entre 2013 y 2015, un aumento del 12 % respecto al anterior periodo revisado (2011-2013).


La mayor producción de miel en la UE tuvo lugar en países como España, Rumanía e Italia, regiones al sur del continente donde las condiciones climáticas son más favorables para la apicultura.


La UE es el segundo productor mundial de miel después de China con una producción anual en torno a las 250.000 toneladas, si bien no produce suficiente para cubrir su propio consumo e importa desde China, México y Ucrania unas 200.000 toneladas (2015).


La publicación de la CE coincide con una petición realizada hoy por la organización ecologista Greenpeace, que instó al Ejecutivo comunitario a prohibir los pesticidas neonicotinoides, a los que se responsabiliza de alterar las poblaciones de abejas.


En un informe, Greenpeace urge a la CE a extender la prohibición de estos plaguicidas, muy utilizados en la agricultura intensiva en el norte de Europa, más allá de la adoptada en 2013, en la que la CE restringió el uso de tres variantes.